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«Es récord histórico el porcentaje de argentinos que trabajan e igual son pobres»

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19.18 Así lo indicó un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que midió las variables desde 2010 y demostró que la suba de los precios compensó la reactivación y el aumento de los planes sociales.

La Argentina necesita crear 400.000 empleos por año y una reducción sustancial de la inflación si quiere salir en 2030 del actual cuadro de degradación social consistente en mayor desigualdad y precariedad laboral. Así lo señala un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que señala que en la última década -y más allá de algún efímero oasis- las condiciones socioeconómicas empeoraron, pese a los discursos que declamaron lo contrario y al supuesto aumento de la protección social del Estado.

El director del Observatorio, Agustín Salvia, expresó que esta situación extremadamente crítica exige un plan de estabilización y shock económico, pero que solo reduzca el gasto social a medida que se genere más empleo.

Este horizonte, aclaró, va más allá del acuerdo que negocia el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que la inflación es la principal causa que explica este empeoramiento de los indicadores sociales. En particular, explicó que la fuerte recuperación económica de este año no se reflejó en una mejora nítida en términos sociales porque fue “anulada” por la fuerte inflación, que terminará en torno del 50 por ciento.

Los ejes del informe, que se difundieron en un seminario en el que también participó el economista Martín Rapetti, muestran las siguientes conclusiones:

-El empleo exhibió en la última década una oscilación entre el estancamiento y la caída. Luego del pico de la pandemia y la cuarentena, hubo una recuperación parcial, pero de puestos de trabajo de mala calidad. En este sentido, Salvia advirtió que el 47% de los trabajadores no tienen vinculación con el sistema de la seguridad social, en buena medida porque “se van perdiendo empleos de baja calidad”. Además, en los hogares pobres hay una alta tasa de empleo precario o desocupación. Por otra parte, crece el “efecto de desaliento”, por el que menos personas salen a buscar trabajo por efecto de la falta de oportunidades y de la caída en los ingresos. A raíz de esta situación, solo el 29% de la población ha podido mantener en los últimos tres años un estatus de “empleo pleno”, un porcentaje mucho menor en los sectores pobres. “El Covid agravó una tendencia de un sector informal cada vez más pobre y precarizado”, señaló Salvia.

-En materia de pobreza, si bien hubo desde 2020 una “leve caída, fue muy poco significativa, pese a la recuperación del empleo”, por la mencionada tasa de inflación, que se mantiene muy alta pese al atraso de varios precios de la economía, como el dólar, las tarifas de los servicios públicos y varios productos de la canasta básica. Tanto en el caso de la pobreza como de la indigencia, “los que más sufren son los niños”, indicó Salvia.

-La autopercepción de los ingresos marca que “se empobreció la clase media con capacidad de ahorro: solo el 8% de la población tiene capacidad de ahorro” y corresponde a los sectores medios y profesionales. Hacia abajo, el porcentaje baja en forma drástica.

-Los programas sociales. “El 44,7 por ciento de la población vive con un programa social. Cada vez es más relevante el peso de los planes con transferencias monetarias directas y “el efecto de sacar estos programas sería devastador sin mayor empleo”, aclaró Salvia. La cobertura de la asistencia estatal es del 33,8%, contra el 33,4% del último año del gobierno de Mauricio Macri, lo que demuestra que la retórica oficial que apunta mostrar que hubo una mayor protección social no se verifica en las cifras. Sí hubo, aclaró Salvia, un pico de mayor protección durante la pandemia con el IFE y una extensión de la cobertura de la AUH y otros programas. Además, afirmó que se esperaba un mejor panorama social por el fuerte rebote económico de este año, pero la inflación ensombreció este efecto positivo. “La inflación se llevó puesta la recuperación económica y del empleo”, sentenció Salvia. Además, el investigador explicó que, si el Gobierno quisiera avanzar en la “reconversión” de beneficiarios de algunos planes sociales en empleo genuino, “no existe demanda para crear empleo para esta gente”.

“Los sectores que mueven la aguja son la construcción, textiles, los servicios y parte de la industria dedicada al consumo interno, que, en un año electoral, permitieron que subiera el empleo informal y hubiera más plata en los bolsillos, pero como fue con alta inflación, ese proceso se está agotando”, dijo Salvia.

“La situación no es prometedora; tal vez por efecto de arrastre estadístico en el primer trimestre del 2022 la tasa de pobreza sea del 40% en el mejor de los escenarios. Y en el peor no hay techo, si se asume un fuerte desequilibrio macroeconómico e inflacionario”, advirtió.

En este sentido, detalló que “si creciéramos como en los últimos seis años, para llegar al 2030 con los niveles de pobreza del 2011, habría que crecer un 4% anual en forma continua, con una menor inflación, porque este nivel de precios imposibilita proyectar cualquier estrategia de productividad, tanto a un inversor como a una familia”.

-La infraestructura social mejoró en la última década, con una mayor cobertura de los servicios públicos, pero este fenómeno no impidió un incremento en la desigualdad social. Solo el 28% de los hogares viven sin ningún déficit en materia de cobertura educativa, médica, de servicios y nutricional. En particular, por el extenso cierre de las escuelas que llevó adelante el Gobierno, se incrementó el déficit de la cobertura educativa, sobre todo en los hogares más pobres. “El núcleo que se empobrece tiene un déficit en materia de ingresos y por carencias multidimensionales”, indicó; es decir, son pobres tanto bajo la medición del Indec como de la pobreza multidimensional como la que realiza la UCA.

En este contexto, sostuvo que el acuerdo con el FMI requiere un “acuerdo político” como el que enunció el presidente Alberto Fernández la noche de las elecciones del mes pasado, que permita encarar estos problemas estructurales. Además, dijo que el programa con el Fondo permitirá dar mayor “certidumbre”.

“Necesitamos seis millones de empleos si queremos salir de este estado de estancamiento hasta 2030 y un millón y medio en forma urgente. O sea, hay que crear 400.000 empleos por año para revertir este proceso”, precisó Salvia.

Esto requiere de una agenda de reformas, que forman parte de las conclusiones del documento presentado por la UCA, que exigen estabilidad macroeconómica, cambios tributarios que favorezcan la inversión y político-institucionales que promuevan una descentralización del gasto.

Fuente: Infobae

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La AFIP modificó el monto mínimo de movimientos que deben informar los bancos

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09.18 La normativa incrementa a $30.000 el monto mínimo a partir del cual las entidades financieras deben reportar consumos con tarjeta de crédito. Y a $90.000 la cifra mínima para informar las acreditaciones mensuales, extracciones, saldos y depósitos a plazo fijo.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) actualizó los montos mínimos a partir de los cuales los bancos deben informar los movimientos en las cuentas y tarjetas de las y los contribuyentes.

Las modificaciones permiten a las entidades financieras agilizar su operatoria y el organismo optimiza la información que recibe en forma automática y permanente sobre acreditaciones mensuales, extracciones mensuales, saldos de las cuentas, los depósitos a plazo y consumos con tarjetas.

La última actualización se había realizado en 2018. La normativa de la autoridad tributaria que se publicará este jueves en el Boletín Oficial incrementa de $10.000 a $30.000 el monto mínimo a partir del cual las entidades financieras deben reportar consumos con tarjeta de crédito.

Asimismo, la Resolución General 5138/2022 lleva de $30.000 a $90.000 la cifra mínima para informar las acreditaciones mensuales, extracciones mensuales, saldos de las cuentas y los depósitos a plazo fijo.

La normativa también introduce mejoras en relación con la información que reportan los bancos sobre los movimientos de las cuentas especiales creadas para la repatriación de activos en el exterior vinculadas al Aporte Solidario y Extraordinario así como las previstas por el Programa de Normalización de la Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda. (Ámbito)

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La Mesa de Enlace rechazó la propuesta de una reunión con Julián Domínguez

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El Ministerio de Agricultura propuso discutir un temario de tres puntos, pero la entidad rural consideró que no son cuestiones prioritarias para el sector.

La relación entre el Gobierno y las patronales agropecuarias no pasa por su mejor momento. Este martes, el Ministerio de Agricultura convocó a la Mesa de Enlace a discutir un temario de tres puntos, en el marco del Consejo Federal Agropecuario (CFA).
Sin embargo, el cuerpo de representantes agropecuarios rechazó la invitación por entender que no son cuestiones prioritarias en este momento. La cartera a cargo de Julián Domínguez propuso dialogar sobre normativa de troceo, programas de crédito y plan ganadero, pero el campo le pidió que «reconsidere el temario propuesto».
Los ruralistas está convencidos de que los productores afectados «verían como una verdadera falta de respeto y de sentido común que las máximas autoridades en la materia y los dirigentes que los representamos nos reunamos para abordar cualquier otra problemática en estos momentos».
«Si bien se trata de temas que revisten interés para el sector, entendemos que en este momento estas no son las problemáticas que más afectan, preocupan y generan incertidumbre entre los productores que representamos», sostuvieron desde la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA).
«Por tal sentido, -continuó- consideramos que la reunión debiera tener como ítem único, urgente y prioritario la búsqueda de soluciones que brinden asistencia a los productores para salir de esta difícil situación».
Entre los puntos que reclamó discutir la Mesa de Enlace está la eximición del «anticipo de Ganancias» para los productores afectados.
En ese sentido, remarcó que «les resulta absurdo pensar en ganancias porque se torna un sinsentido inexplicable» porque «si no se cambia esta situación, el Gobierno estaría pidiéndole a estos damnificados que hagan un desembolso de dinero que no tienen, y si lo tuvieran, debieran poderlo afectar a paliar la dramática realidad que viven».
Como puntos prioritarios a discutir agregaron «logística, seguridad rural, impuestos (en especial IIBB), Financiamiento, Economías Regionales, entre otras, y que en gran parte son del ámbito de los Gobiernos Provinciales».
«Estamos convencidos de que esos productores verían como una verdadera falta de respeto y de sentido común que las máximas autoridades en la materia y los dirigentes que los representamos nos reunamos para abordar cualquier otra problemática en estos momentos», enfatizó la Mesa de Enlace.

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Vicentin presentó una nueva propuesta de pago para convencer a los acreedores más chicos

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La empresa propuso un pago de U$S 20.000 y luego una quita del 70% de la acreencia, a abonar en 15 cuotas anuales.

La agroexportadora Vicentin presentó una nueva propuesta de pago del 100% de la deuda en una sola cuota y en dólares a acreedores granarios de hasta U$S 30.000, con el objetivo de conseguir una mayoría para poder refrendar la oferta realizada ante la Justicia.
La propuesta fue calificada como «una mentira más» y como parte de una estrategia de «demagogia barata» por el abogado Gustavo Feldman, que representa a un grupo de acreedores del concurso preventivo de la compañía.
La oferta de Vicentin consiste en el pago en una sola cuota y en dólares del 100% de su deuda a los acreedores granarios que verificaron impagos de hasta U$S 30.000 por la entrega anticipada de granos, indicaron fuentes del concurso.
Feldman, que representa a un grupo de acreedores y litiga penalmente contra Vicentin, explicó a Télam que la oferta fue hecha a 791 acreedores.
En términos cuantitativos la oferta mejora sustancialmente a la anterior, en la que había ofrecido un pago de U$S 20.000 y luego una quita del 70% de la acreencia, a abonar en 15 cuotas anuales.
Si consiguiera la aceptación de ese segmento de acreedores, Vicentin avanzaría en el objetivo de obtener la mayoría absoluta (la mitad más uno) que requiere la Ley de Quiebras y Concursos para la homologación de la propuesta por parte del juzgado, atento a que el juez Lorenzini verificó 1.290 acreedores granarios de un total de 1.727 que admitió.
De todos modos, el artículo 45 de la ley establece que la concursada debe conseguir, también, la aceptación de acreedores equivalente a las dos terceras partes del capital, lo que sería insuficiente con la propuesta efectuada a los productores con pequeñas acreencias.

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