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Editorial

Equilibrio fiscal

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Por encima de lo que pueda sugerir el Fondo Monetario Internacional (FMI), el equilibrio fiscal debería ser el eje de cualquier plan económico, no sólo como reaseguro para el pago de una deuda que debe ser reestructurada, sino también para la salud de nuestro propio país.
El acuerdo con el organismo financiero, al que debería arribarse antes de marzo para no caer en un default, seguramente levantará críticas locales, como lo insinúa la reciente carta de Cristina Kirchner, en la que se distancia del tema. Mientras tanto, se anunció el pago del vencimiento de diciembre y que una misión viajará este sábado a Washington para cerrar las bases del acuerdo.
Contar con un programa económico es elemental si se pretende comenzar a salir del pozo en el que estamos. Mucho más cuando la Argentina enfrenta problemas estructurales, que demandan cambios profundos, y no meramente coyunturales. La magnitud de los desequilibrios macroeconómicos no se podrá corregir con tratamientos menores, sino sólo con cirugías mayores. Debemos reconocer que serán dolorosas, aunque mucho peor y más extendida será la alternativa de no encarar y seguir postergando esas reformas.
Tanto el presidente Alberto Fernández como otros funcionarios, incluyendo a la vicepresidente y su hijo Máximo Kirchner, han dicho en arengas de campaña que no cederán a los requerimientos de ajuste del FMI. En otras palabras, que no habrá programa económico consensuado con ese organismo si no se respetan las condiciones que pretende imponer el Gobierno. Se verá cuánto se flexibilizan ambas partes para la firma. También será interesante saber hasta qué punto aceptará el FMI incumplimientos si hubiera desvíos.
No han trascendido los lineamientos del programa que pueda haber empezado a tratarse en las reuniones que ha venido teniendo el ministro Martín Guzmán con el FMI, pero ¿cuáles deberían ser los puntos centrales de un plan económico para revertir la decadencia y pasar a transitar a un círculo virtuoso de fuerte inversión y crecimiento?
La inversión privada debería incrementarse del 15% actual a niveles no inferiores al 25% del PBI. Para que eso sea posible, se requerirán una reducción de la presión impositiva, un cambio en las reglas laborales, estabilidad monetaria, reducción de la tasa de interés y plena confianza en que esas condiciones no se alterarán en el futuro. Si esto se lograra, habría un piso de crecimiento del 7% anual y en cuatro años el sector privado podría generar 3,5 millones de empleos productivos. Esto le daría factibilidad a una reforma del Estado, al hacer posible la transferencia al sector privado del excedente de empleo público y, además, absorber la incorporación de jóvenes al mercado laboral y reducir la informalidad y el desempleo.
La reducción de impuestos, comenzando por los distorsivos, exigirá una imperiosa disminución del gasto público. Quienes alegan que esto constituiría un «ajuste salvaje» omiten que el crecimiento descontrolado del gasto entre 2003 y 2015, llevado del 30% al 46% del PBI, configuró un «desajuste salvaje». Por su magnitud e improductividad no pudo ser cubierto por un asfixiante aumento de impuestos y puso a la Argentina frente al endeudamiento, la emisión desenfrenada y el riesgo de default o hiperinflación.
El achicamiento del Estado debe resolver cuestiones sensibles, como la desvinculación del personal de acuerdo con la ley regulatoria del empleo público nacional y acompasarse con la creación de empleo privado. En el caso de las provincias y municipios, debería postularse un acuerdo que contemple la reforma del régimen de coparticipación federal de impuestos, devolviendo potestades tributarias a las provincias y aumentando la correspondencia fiscal. De esa forma, y poniendo límites al endeudamiento, el gobernador que opte por aumentar el gasto tendrá que enfrentar a sus gobernados con mayores impuestos. Otro importante capítulo de la reducción del gasto estatal es el de los subsidios. El programa debe establecer el curso de normalización de las tarifas de electricidad y gas, y debe postular la conversión de planes sociales en empleo productivo.
Tanto para la conversión de planes sociales en empleo como para alentar nuevas inversiones, la reforma laboral debiera ser un capítulo relevante del programa. Además de recrear la cultura del esfuerzo y del trabajo que hizo grande a este país, deberá aumentar la productividad y reducir sustancialmente los riesgos de contratar un nuevo empleado. El cambio del régimen de despido debe ser parte de esa reforma para atraer inversión en lugar de ahuyentarla.
El presidente Alberto Fernández anticipó que enviará al Parlamento un proyecto de ley con el programa propuesto. También se ha previsto dar participación al Consejo Económico y Social. Debe hacerse una apelación a los legisladores y a los miembros de ese Consejo para que asuman la real gravedad de la situación.
editorial@diariocastellanos.net

Editorial

Las democracias debilitadas

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El debilitamiento de las democracias latinoamericanas encuentra correlato en el robustecimiento de los regímenes autocráticos y populistas. Las democracias no caen ya solo por revoluciones o golpes militares, sino por las urnas. Con una opinión pública descontenta con la elite política y en un contexto de protestas crecientes y dificultad para mantener el orden, la tentación de gobiernos autocráticos aumenta y, con ello, los riesgos para la estabilidad democrática en la región.
En violación a los derechos humanos, regímenes dictatoriales como los de Nicaragua, Cuba y Venezuela detienen, torturan, persiguen y reprimen a cuanto ciudadano se les oponga, a pesar de la condena de buena parte de la comunidad internacional y de las sanciones impuestas por algunos países. Por otro lado, las ideas de izquierda han ganado terreno en procesos electorales como los de Bolivia, México, Perú, Honduras y Chile.
La segunda edición del índice Riesgo Político América Latina, elaborado por el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile (Ceiuc), arroja que el 51% de los latinoamericanos toleraría un gobierno no democrático si resolviese sus problemas. En tanto, el Instituto Interamericano para la Democracia (IID, por sus siglas en inglés) organizó el foro «Quo vadis Latinoamérica 2022», donde la mayoría de los expositores coincidió en que América Latina no se debate entre izquierdas y derechas, sino entre democracias y dictaduras, estas últimas representadas principalmente por Venezuela, Cuba y Nicaragua.
La pérdida de confianza en el Estado, gobiernos de funcionamiento ineficiente y dispendioso, la corrupción y los desesperantes niveles de pobreza e indigencia erosionan las democracias latinoamericanas y amenazan con una avalancha autocrática, ungiendo como conductores a figuras que todo lo prometen haciendo valer su carisma popular pero que terminan pisoteando las aspiraciones y necesidades de la población.
América Latina viene siendo una región pródiga en líderes y gobiernos populistas, muy afectos a instaurar medidas demagógicas de control de precios o de mercado cambiario, proteger industrias ineficientes, así como a dar servicios supuestamente gratuitos o subsidiados que se financian con impuestos abusivos, con deuda pública o, simplemente, con emisión monetaria. Tarde o temprano, esas medidas causan inflación, desabastecimiento, crisis cambiarias y fiscales, parálisis de la inversión, fuga de cerebros y de capitales, recesión y desempleo.
Muchos de los gobiernos latinoamericanos que adhieren a los objetivos del Foro de San Pablo y del Grupo Puebla han cobrado un papel preponderante en la lucha contra las democracias liberales y en el establecimiento de un nuevo sistema político en la región.
Es de esperar que en la disputa por la democracia en América Latina se impongan los principios plasmados en la Carta Democrática Interamericana adoptada en 2001 por los países que integran la Organización de Estados Americanos (OEA). En su artículo tercero, establece, entre otros conceptos, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas y libres, y la separación e independencia de los poderes públicos. En definitiva, un sistema de pesos y contrapesos que ponga límite a las ambiciones y aspiraciones autócratas y populistas que avanzan con promesas y mentiras sobre las necesidades de los más vulnerables.
editorial@diariocastellanos.net

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Editorial

La violencia sin fin

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En septiembre próximo se cumplirán diez años del inicio de la llamada «guerra narco» en Rosario con la aparición en la escena pública del crimen por encargo. La ejecución de Martín Paz por parte de la banda Los Monos en pleno centro de la ciudad y a plena luz del día marcó lo que una década más tarde se impuso como un engranaje aceitado del negocio narco: la lucha entre bandas criminales montada sobre una violencia permanente, que provocó 2.104 asesinatos en todo ese período, según cifras oficiales. Esa imparable ola de crímenes, sin embargo, no se circunscribe a Rosario. Como en un dominó, la violencia extrema se ha ido desparramando por el país. El conurbano bonaerense es una muestra acabada de que no se está haciendo lo correcto para evitar males aún mayores. Basta la connivencia del Estado, a través de las fuerzas de seguridad, la Justicia y la política para que estos sectores del crimen organizado se cuelen por las grietas y ganen poder.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, planteó acertadamente que el narcotráfico será el «principal problema de la Justicia» en los próximos años. Y fue contundente al opinar que «la batalla se está perdiendo».
Desde que comenzó el corriente año 20 personas fueron asesinadas en un contexto de máxima tensión en Rosario. La principal sospecha es que esos crímenes fueron cometidos por sicarios tras fuertes amenazas a raíz de la detención de la viuda y de un hijo adolescente de Claudio Cantero, exlíder de la banda Los Monos. A madre e hijo les secuestraron 23 armas, autos, motos, joyas, droga y 4 millones de pesos.
La inusitada violencia que aterra a los santafesinos adquiere formas cada vez más sofisticadas, transformándola en un poder mafioso que afila sus métodos para generar pánico, con extorsiones a empresarios y comerciantes, inversiones económicas espurias y balas, muchas balas.
En la ciudad de Buenos Aires fue asesinado ayer por la espalda un joven de 27 años, en Barracas. Previamente, dos hombres incendiaron un local en Palermo en lo que se presume que fue un mensaje homofóbico y, en Villa Urquiza, varios ladrones intentaron robar en una empresa de logística, pero no pudieron concretar el atraco porque fueron reducidos por los propios trabajadores. Otros dos hombres asaltaron una heladería y amenazaron con matar a los empleados en San Justo y, en Lomas de Zamora, un grupo de delincuentes asaltó en pleno día a una familia para robarle el vehículo. Rapiñas, escruches, salideras y robos de celulares están a la orden del día. Resulta preocupante, también, que ante la inercia oficial, mucha gente esté tratando de hacer justicia por mano propia.
No son episodios aislados ni «una sensación de inseguridad», como le gustaba decir al verborrágico Aníbal Fernández, quien hoy conduce dudosamente nada menos que el Ministerio de Seguridad de la Nación.
El caso de Rosario, sin dudas, es dramático. Las últimas investigaciones sobre juego clandestino que encabezaron los valientes fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery pusieron luz sobre la connivencia política de sostén de esa estructura mafiosa, que, en gran parte, se gerencia desde las cárceles, otro fenómeno nuevo en el país. La vergonzosa e inadmisible reacción de sectores políticos cómplices, encabezada por el senador peronista provincial Armando Traferri, fue denunciar a los investigadores.
Recientemente, el fiscal Edery fue amenazado por la viuda de Cantero durante el desarrollo de una audiencia y, al día siguiente, fue atacada, una vez más, la sede de Asuntos Internos del Servicio Penitenciario de Santa Fe, lo que llevó a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional a condenar los hechos y a alertar sobre su imparable escalada.
El Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la UBA, que reunió recientemente a expertos en seguridad –en su mayoría exfuncionarios y fiscales federales y provinciales– para analizar el problema del crimen organizado en Rosario, describió una situación más que preocupante.
«El diagnóstico expone una situación crítica y de larga data, donde se constatan prácticas mafiosas que, amalgamando el narcotráfico con otras acciones del crimen organizado, como el juego clandestino, la extorsión, el sicariato, la corrupción y otros delitos graves, han alcanzado la capacidad de cooptar diversos estamentos estatales a efectos de garantizar no solo los beneficios económicos de sus negocios ilícitos, sino también la protección, estabilidad e impunidad de los beneficiarios últimos», señala un documento firmado, entre otros, por el director del centro de estudios, el abogado Juan Félix Marteau.
En el lapidario documento se llega a la conclusión de que «el encarcelamiento de los jefes de las organizaciones criminales más relevantes, así como la segmentación actual en grupos o bandas narcocriminales más pequeñas y autónomas, no ha conducido a la disminución de los altos índices de violencia en Santa Fe» (…) «Tampoco ha menoscabado su capacidad de sustituir al Estado en la prestación de servicios esenciales, lo que implica uno de los aspectos más graves a la hora de hacer un balance sobre los resultados alcanzados en las políticas de intervención estatal sobre este fenómeno».
Si la lucha contra el narcotráfico no se convierte, de una vez por todas, en una política de Estado, la tragedia que desde hace años vive Rosario y que se extiende aceleradamente por el resto del país comprometerá aún más gravemente el futuro. Para ese entonces, ya será demasiado tarde.
editorial@diariocastellanos.net

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Editorial

Lo que no quieren cambiar

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El tironeo con el FMI que ya dura dos años tiene diversas interpretaciones, pero la más obvia es que el Gobierno está agotado. Se encuentra en un callejón del que no puede salir por impotencia, falta de ideas y de poder.
No puede ofrecer al organismo una simple hoja de ruta sobre el futuro de la economía, porque carece de credibilidad. Pero eso no es algo nuevo. Se veía venir desde el 12 de agosto de 2019 el día después de la derrota de Mauricio Macri en las PASO; el día que el 48% de los votantes repuso en el gobierno a Cristina Kirchner a través Alberto Fernández.
El lunes siguiente el dólar y el riesgo país se dispararon, los bonos de la deuda se desplomaron y el mercado anticipó que se avecinaba un período turbulento. Un período en el que se repetiría el fracaso de Cristina Kirchner en sus últimos cuatro años de gestión, pero en condiciones de mayor deterioro.
A pesar de lo que dicen los economistas, el déficit más grave del Gobierno de Alberto Fernández no es fiscal, sino de confianza. El lunes, poco antes de recibir al nuevo embajador norteamericano, recitó las rituales diatribas contra el FMI para satisfacer a su frente interno. La derrota electoral de septiembre lo dejó tan débil que la vicepresidente no sólo le borró medio Gabinete, sino que lo dejó sin margen de decisión propio en las cuestiones centrales. Mientras espera que el Fondo le perdone los vencimientos por el resto de su mandato, el procurador Carlos Zannini decidió llevar a los funcionarios del organismo ante la justicia argentina. Es difícil discernir qué tiene menos el Presidente: si autoridad o coherencia.
Otra afirmación falsa que suele repetirse sobre el Gobierno de los Fernández es que no tiene un programa económico. Lo tiene y se niega a cambiarlo.
Es un plan con déficit financiado con emisión, 50% de inflación, 45% de pobres, caída del empleo privado productivo y alza del empleo público improductivo. Un programa que puede prescindir del crédito y de las reservas del BCRA.
Un plan en el que el ajuste se hace vía inflación y los que pierden son los que tienen ingresos fijos. No es el ajuste que pide el FMI, que en ese sentido es mucho más piadoso con los pobres que el peronismo, pero funciona desde tiempos del Rodrigazo.
Presenta, sin embargo, un problema. Al golpear a las clases populares es incompatible con el programa económico/electoral de la vice, que tiene como piedra angular el consumo. Ese factor clave para asegurar la influencia de Cristina Kirchner en el conurbano emite señales de alarma. En el tercer trimestre del año pasado el PBI volvió a niveles de 2019, pero el consumo privado cayó 4%.
Si se toma como referencia la recaudación del IVA, en el tercer trimestre de 2021 cayó 8% con relación al mismo período de de 2019 que fue un año recesivo (Ah, pero Macri). Pero si la comparación de la caída de la recaudación es entre los primeros nueve meses de los dos años la cifra es mucho peor: -14%.
Conclusión: si el Gobierno se niega a cambiar este «modelo», lo pida o no el FMI, es porque ya no tiene nada para ofrecer. Está agotado.
editorial@diariocastellanos.net

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