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Editorial

Economía del conocimiento: oportunidades y divisas desperdiciadas

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Pocas industrias crecieron tanto en el mundo desde el inicio de la pandemia como la vinculada a la economía del conocimiento. Por esa razón debe lamentarse que la Argentina, pese a contar con talentos y empresas en esta área, esté capitalizando tan poco esta oportunidad que constituye una fuente genuina de dólares y de empleo.
El informe anual Argenconomics, que publica Argencon, reportó una leve recuperación del comercio exterior de esta industria en el último trimestre y destacó el fin del pago de derechos a las exportaciones por un 4% impuesto por la anterior administración, al tiempo que advirtió que es preciso trabajar sobre un factor clave que afectará la evolución de nuestra economía: la fuga de talentos y de empresas. Esto está estrechamente ligado con el sostenido crecimiento de la demanda de tecnología de la información. Tanto que, en 2020, las exportaciones del sector alcanzaron el récord histórico de participación en el comercio mundial.
Pero la Argentina solo aprovecha marginalmente este escenario. La gran brecha cambiaria afecta la capacidad competitiva de los exportadores y fomenta que cada vez más profesionales locales, reconocidos por su creatividad e innovación, quieran migrar o trabajar para compañías extranjeras.
Para entender por qué es importante darle a esta industria el lugar que se merece, basta considerar que en 2020 seis compañías nacidas en el país se convirtieron en unicornios; esto es, que alcanzaron un valor de mil millones de dólares en alguna etapa.
El segundo trimestre de 2021 fue el primero, desde 2017, en el que las exportaciones mostraron un salto interanual positivo, aunque esta tendencia aún no pueda considerarse definitiva. En este sentido, es auspicioso que aún no se registren los benéficos efectos de la operatividad de la ley de economía del conocimiento, ya que la eliminación de los derechos de exportación a los servicios entrará en vigencia en enero próximo.
Los datos previos aún hacen desconfiar sobre cuánto podrá sostenerse la curva positiva. Tal como se indica en Argenconomics, la participación de la economía del conocimiento en las exportaciones nacionales a junio de este año cayó al 8,2%. Este valor está lejos del récord de participación, que fue de 9,6% en diciembre de 2017, cuando las exportaciones llegaron a 7.335 millones de dólares. Le siguieron diez trimestres consecutivos de caída, con una recuperación en el último, para llegar a un valor anual de 5.776 millones de dólares al 30 de junio de este año.
Este virtuoso sector, cargado de potencial y con tan baja huella de carbono, es hasta aquí el tercer rubro exportador del país, detrás de los complejos oleaginoso y cerealero. Además, ocupa a 436 mil profesionales –7% del empleo formal– y es una puerta de entrada al mundo laboral para muchos jóvenes.
Contrariamente a lo que piensan muchos, el daño que se está generando no afecta solo a las empresas grandes de servicios, sino también al ecosistema emprendedor tecnológico, donde son moneda corriente las historias de emprendedores que dejan el país.
En el mejor momento de la historia del emprendedorismo en América Latina, con inversiones récords mes a mes, y el foco de los inversores del mundo puesto en el talento de nuestra región, es imperdonable que la Argentina se pierda esta oportunidad teniendo todo para ser uno de los grandes protagonistas. Startups, empleo y divisas que se van. Esa es la «fuga» que más debería preocuparnos.
No podemos desaprovechar la creación de valor agregado que genera esta industria en expansión ni perder las oportunidades económicas, de generación de empleos y de modernización del sistema productivo asociadas, con el consiguiente ingreso de dólares. Es tiempo de reaccionar para aprovechar los vientos y trimar las velas en dirección a la Argentina del futuro que queremos.
editorial@diariocastellanos.net

Editorial

Prendamos velas y recemos

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La semana anterior se vivió una de las olas de calor más severas en el país que batió todo tipo de récords, esta semana llegaron las lluvias pero no logran aún sofocar suficientemente los caldeados espíritus. El país exuda desde el asfalto recalentado un insoportable sopor que agobia a quienes sin más remedio deben moverse por el distrito. La falta de precipitaciones, la bajante de los ríos y los incendios en pastizales en distintos puntos del país, también complican el tórrido escenario y activan el desesperado trabajo de los comités de emergencia.
Por marcar las cifras que se conocen desde Buenos Aires, el primer corte masivo del año que afectó a más de 700.000 usuarios por varias horas -incluso días para muchos- inauguró la temporada el pasado martes. Varios le siguieron, intermitentes o prolongados, al compás de una demanda récord. En Buenos Aires, privilegiada metrópoli con servicios subsidiados, nadie quiere pagar por la luz lo que la luz vale, pero todos se sienten con derecho a reclamarla. Los especialistas confirman que hacia el final de la era Macri, luego de aquel resistido ajuste tarifario, los porteños pagaban alrededor del 80% del valor real del servicio. Dados el tiempo transcurrido y la inflación rampante, actualmente se estima que lo abonado por el servicio apenas cubriría el 20% de su costo.
No está de más recordar que lo que el habitante de la ciudad de Buenos Aires ahorra a la hora de pagar la factura de luz es aquello que no se destinará a las necesarias inversiones y al mantenimiento de una red con muchos metros de cable de más de 85 años de antigüedad. Tampoco debe olvidar que lo que pagan sus conciudadanos de cualquier otro punto del interior del país supera, en mucho, las irrisorias tarifas del AMBA. Los ajustes tarifarios se pagan en pesos y en costos políticos. Mientras, las proveedoras de energía optan por costear las multas por ser menos oneroso que realizar las inversiones.
Hasta allí hablamos de los privilegiados de la provincia de Buenos Aires, que parecería que pertenecieran a otro país. Santa Fe paga el doble, por la luz, por el combustible, y hasta por los propios productos que en nuestra región se fabrican. Aún pagando el doble, nos dejan sin luz largas horas, se queman los electrodomésticos, y solo poder remitirte a completar una planilla y esperar que la EPE quiera reconocer el daño.
Pasar revista a los barrios afectados o detenernos en la enorme lista de perjuicios de todo tipo que los cortes de suministro acarrean sería reiterativo. Sí podemos señalar que la delicada crisis económica y sanitaria que atravesamos agrava seriamente la situación y que contribuye a azuzar el creciente malestar y la incomodidad ciudadana.
«Ya no sé qué más nos va a pasar en la Argentina», fue el «sesudo» comentario del Presidente en referencia a la ola de calor propia de la temporada estival. Aplicando la misma lógica que conduce a aumentar los impuestos para cubrir los gastos, en lugar de bajar estos últimos, el Gobierno pide la colaboración de la población para reducir el consumo energético. En ese contexto, explicó que el reclamo de moderar el consumo que realizó a las industrias, lo cual obliga a «parar un poquito la producción», persigue «que los hogares no sufran cortes».
No conformes con la medida para pretender adaptar una sábana -a todas luces- corta, el Gobierno mandó a su casa a todos los agentes de la administración pública nacional en estos días de temperaturas pico para que los organismos que los albergan en sus jornadas laborales puedan reducir el consumo. Otro desafío a la sensatez de quienes entendemos que diez personas en un recinto consumirán menos luz y menos aire acondicionado que esas mismas diez personas teletrabajando cada una en su hogar. No es esta la primera vez que se autoriza un asueto de estas características para ahorrar luz: en 1989 se apelaba al mismo recurso, con cortes programados de cuatro horas diarias. Cualquier excusa es válida para relajar las exigencias sobre quienes tienen garantizados sus sueldos gracias al esfuerzo ciudadano.
Afortunadamente, puede también reconocer el Presidente que los problemas con el suministro energético no están resueltos. Sin embargo, desde estas columnas estamos en condiciones de anticipar que la ola de calor pasará, que el verano quedará atrás, una vez más, y que los cortes masivos, si Dios quiere, serán un mal recuerdo desactivado solo hasta la próxima temporada estival. Alternaremos con los problemas y costos del suministro de gas en invierno.
Así vivimos, atacando los problemas con parches en la emergencia y dejándolos recurrentemente engordar en tiempos de calma. Mientras tanto, prendamos velas y recemos.
editorial@diariocastellanos.net

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Editorial

La agenda que desplazó al FMI

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En 1906 Frente al Arco del Triunfo Julio Roca le dio una clase de estrategia política a Leopoldo Lugones al que se había encontrado caminando por París. «Es una necesidad -le comentó- querer gobernar los acontecimientos. En política nunca se sabe lo que va a suceder. Yo he gobernado con los acontecimientos y creo que en esto consiste la habilidad del político».
Según esta visión pragmática del arte de gobernar, hay políticos que quieren transformar la realidad y que en la mayoría de los casos fracasan. En cambio, hay otros que se adaptan y la reconducen con mayor probabilidad de éxito. La generación del 80 en general y Roca en particular son prueba de esto último.
Alberto Fernández es un caso rarísimo de presidente que no entra en ninguna de las dos categorías. No intentó transformar y tampoco reconducir la realidad con la que se encontró.
Fue puesto en el cargo por Cristina Kirchner para que hiciera el ajuste macroeconómico que ella y Mauricio Macri habían eludido y supuso que disponía de la astucia suficiente para eludirlo él también. Ignoró o pretendió ignorar que el modelo populista lo exige de manera periódica y que no puede ser evitado.
En los 90 la cumplió Menem, en 2001, Duhalde, y en 2019 le tocaba a él, pero imaginó que podría transferírsela a su sucesor. De manera incomprensible dio por cierto el relato «K» de que el «modelo» de subsidios infinitos, déficit crónico y emisión descontrolada puede durar para siempre. No quiso pagar el costo del trabajo que se le había asignado y terminó paralizado, a la defensiva y a las puertas de una crisis de proyecciones alarmantes.
Esa es la explicación más general de por qué comenzó su tercer año de mandato con reveses cotidianos. Con el colapso del servicio eléctrico en el núcleo electoral del país, con la inflación en el 50% anual y expectativas de 60% para el año en curso, con un rebrote de Covid al que sólo atinó a responder mandando a los empleados públicos a sus casas, y con el embajador argentino en Managua confraternizando con el iraní acusado de ser el autor intelectual de la voladura de la AMIA.
Este último traspié no es atribuible, sin embargo, a ninguna herencia ni a ninguna estrategia de hacerse el distraído. Es producto de una disparatada política exterior con la que cree satisfacer las extravagancias ideológicas de su mandante.
Lo único «positivo» que derivó de tantos errores y dislates fue el desplazamiento de la agenda del problema más acuciante: la negociación por los vencimientos con el FMI que sigue en el mismo callejón sin salida de hace dos años (ver VISTO Y OÍDO).
El resultado de los parches y el vamos viendo quedó a la vista: los problemas no resueltos se agravaron y el colapso parece más cerca. Coquetea con el «default» y la inflación adquirió una dinámica que se ríe de los precios máximos, los cepos a las exportaciones y las tablitas cambiarias.
Mientras se aferre a la ya agotada receta de sus mentores, Néstor y Cristina, sólo le quedará admitir como hizo el miércoles con tono de pesadumbre: «Yo no sé que más nos va a pasar en la Argentina». Lo dijo como un espectador inocente de toda gestión. Fue el equivalente del «estamos en manos de Dios» de Duhalde. Una confesión de impotencia y fracaso.
Sería sin embargo erróneo suponer que su única estrategia consiste en victimizarse. También intenta involucrar a la oposición, apelando a la colaboración de dirigentes como el radical Gerardo Morales. Insólitamente les pide respaldo para presentar un frente unido ante el FMI, mientras el kirchnerismo socava cualquier posible acuerdo. En ese plano Axel Kicillof le dijo claro el miércoles pasado que «no se puede aceptar el ajuste».
Esa es la otra gran consecuencia de la «no gestión». Perdió las elecciones y su aislamiento se acelera cuando faltan todavía dos años para el fin de su mandato.
Cristina Kirchner se mantiene a distancia y un peronismo balcanizado y sin conducción lo descartó como alternativa. Hay encuestas que ya muestran que su imagen negativa supera a la de la vicepresidente lo que ha vuelto nula su utilidad electoral.
En este marco complejo, sólo cuenta con dos circunstancias favorables: la pasividad o complicidad de las corporaciones -sindicatos, empresarios, Iglesia, medios- y una oposición en estado deliberativo. En Juntos por el Cambio cuenta con el apoyo explícito de Morales y el tácito de Horacio Rodríguez Larreta que tomó distancia del presidente, pero menor a la que tomó Cristina Kirchner. El sector confrontativo de Macri y Patricia Bullrich es de todos modos mayoritario.
Este es el escenario en que las expectativas de poder se van modelando al ritmo de una crisis de pronóstico de incertidumbre creciente.
editorial@diariocastellanos.net

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Editorial

Tributos viejos y venideros

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Diversas estadísticas y estudios internacionales dan cuenta de que la Argentina es uno de los países con mayor presión tributaria. Su estructura impositiva ronda los 170 gravámenes una cifra récord en el mundo y estimaciones privadas dan cuenta de que un contribuyente promedio trabaja aproximadamente medio año solo para pagar impuestos. Sin embargo, el Gobierno no parece haber hallado una mejor solución al crónico déficit fiscal que seguir incrementando los tributos y crear otros nuevos. El vergonzoso pacto fiscal suscripto recientemente entre el Estado Nacional y las provincias, con la excepción de la ciudad de Buenos Aires, es una clara señal: no solo habilitó subas en impuestos absolutamente distorsivos como Ingresos Brutos y Sellos, sino que propició la creación por parte de las provincias del impuesto a la herencia.
Este tributo solo rige hoy en la provincia de Buenos Aires, donde se aplica desde 2011 y grava las transmisiones gratuitas que superan 1.344.000 pesos en el caso de que sean de padres a hijos o cónyuges, o aquellas a partir de los 322.800 pesos cuando son otros los parentescos. Tales alícuotas van del 1,6 al 6,4% según el nivel del patrimonio transmitido y del grado de parentesco. Afecta a aquellas personas físicas o jurídicas que reciban un bien ubicado en la provincia o que tengan domicilio en ella aunque el inmueble en cuestión se encuentre en otro distrito del país.
Otro caso emblemático en este tipo de impuesto fue Entre Ríos, donde se aplicó este gravamen, pero terminó siendo derogado, tras ser declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia local, a instancias de una presentación realizada por colegios profesionales de la provincia. Entre los puntos que fundaron la declaración de inconstitucionalidad, se probó que violaba principios tributarios de igualdad y de no confiscatoriedad y los principios constitucionales de proporcionalidad, de territorialidad y de protección de la familia.
Especialistas en derecho tributario coinciden en señalar que la iniciativa del Gobierno, que debería ser discutida por los poderes legislativos de cada provincia para su sanción, no debería aplicarse dada la elevadísima presión tributaria actual y en función de que estaríamos ante un nuevo impuesto sobre un mismo bien, por lo que se presentaría un caso de doble o múltiple imposición.
Los defensores del impuesto a la transmisión gratuita de bienes esgrimen equivocadamente que se trataría de un impuesto progresivo, por cuanto gravaría a quienes vayan a incrementar su patrimonio. En rigor, estaríamos ante la apropiación estatal de parte de un bien que es el fruto del trabajo de una persona o de una familia, y por el que ya se pagaron impuestos durante años. De alguna manera, constituye una intromisión más del Estado en las relaciones familiares, al tiempo que malversa la última voluntad de un difunto que quiso transmitir o donar a sus herederos lo obtenido con su esfuerzo personal.
Nuestra historia tributaria da cuenta de la existencia de una incompatibilidad entre el impuesto a la herencia y el impuesto al patrimonio global de las personas. Los países que gravan la transmisión gratuita de bienes no suelen tener impuestos a los bienes personales, como ocurre en la Argentina, donde además las propiedades inmuebles y los automotores están gravados con otros impuestos superpuestos, como el inmobiliario y el de patentes, respectivamente, por no hablar del gravamen sobre las grandes fortunas creado en la actual gestión gubernamental nacional.
La territorialidad plantearía no pocos problemas si el proyectado impuesto se aplicara en algunas provincias. Como afirma el especialista Santiago Sáenz Valiente, si se diseminara este gravamen en varios o en todos los distritos provinciales, se requeriría plantear pagos a cuenta cruzados en virtud de la ubicación física de los bienes alcanzados.
La cada vez más asfixiante presión tributaria solo consigue que un creciente número de personas de buen poder adquisitivo elijan radicarse en otros países o mudar su residencia fiscal. El informe Ieral de la Fundación Mediterránea reportó que, de 2019 a 2020, se triplicó la cantidad de argentinos que tramitaron residencia fiscal en Uruguay y se duplicó en 2021. El vecino país otorga vacaciones fiscales por diez años para todo lo que tengan fuera del país. Lo mismo está ocurriendo con ciudadanos argentinos que fijan su domicilio fiscal en España, Estados Unidos y Paraguay.
Como con muchos otros impuestos, es esperable que la recaudación imaginada por los burócratas por este nuevo tributo termine siendo mucho menor y que los costos de esta irrefrenable voracidad fiscal confiscatoria sean mucho mayores que sus eventuales beneficios.
editorial@diariocastellanos.net

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