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Convocan a los consumidores a denunciar cuando el programa de precios no se cumple

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El defensor Guido Lorenzino evaluó que hay un cumplimiento «muy alto» del listado de precios anunciado por el Gobierno en 1.432 productos de consumo masivo, y llamó a los compradores a denunciar cuando el programa no se cumple.

El titular de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, evaluó que hay un cumplimiento «muy alto» del listado de precios anunciado por el Gobierno en 1.432 productos de consumo masivo, y llamó a los compradores a denunciar cuando el programa no se cumple.
«Encontramos un cumplimiento muy razonable, muy alto, hay la buena voluntad de los encargados de los hiper y supermercados de tratar de ir resolviendo esta situación cuando no encontrábamos un producto o no había un stock, así que la perspectiva y la situación es positiva», afirmó Lorenzino.
Señaló que el jueves pasado comenzaron a relevar los comercios con 51 delegaciones en la provincia de Buenos Aires y que el «martes vamos a tener un informe muy completo, que lo vamos a transmitir a todos detallando supermercados, precios, y creo que nos va a servir para ver en qué camino estamos».
«La percepción es un cumplimiento razonable, obviamente faltan cosas por hacer pero creo que todos entendimos que es un momento de cuidar el bolsillo, y ésto no es solamente una decisión del Estado sino de muchos empresarios, muchos supermercados y mayoristas que están en el mismo camino, porque en definitiva a ellos también les sirve que la gente consuma y consuma a buen precio», agregó.
En este contexto, consideró importante «hacernos cargo, somos consumidores y tenemos un gran poder para decir sí o no y cuando no estamos de acuerdo, denunciar, hay que pasar a la acción y tener la seguridad de que la ley y el Estado van a respaldar las denuncias».
«Cuando uno tiene que pagar un producto $ 67 y lo encuentra a $ 100, que no lo compre, que denuncie, que nos mande una foto con ese producto y que nosotros podamos ir al comercio inmediatamente y ver por qué está a ese precio», detalló.
Dijo que «muchas veces, no en el caso de las cadenas grandes, pero en los mercados de proximidad, los mayoristas les transmiten precios que son iguales a los que ellos tienen que vender, entonces no es el problema a veces del supermercado sino de la cadena de valor, el mayorista que no está cumpliendo con la reglamentación establecida».
Lorenzino sostuvo que «este programa que empezó en 2014, nosotros venimos relevando, lo que cambia, para aquellos que están en contra de este congelamiento, es la decisión política, lo que hay hoy es una firme decisión política de lo que los Precios Cuidados finalmente se cumplan».
«En 2017, 2019, no se veía una voluntad del Estado de exigir a que los empresarios y supermercados cumplan con esta decisión, hoy estamos viendo que hay otra voluntad y esto tiene que ver con el Estado y con el empoderamiento ciudadano de querer que las cosas salgan como tienen que salir», remarcó.
«Es muy fácil el acceso a poder denunciar, que la gente se anime y nos mande fotos cuando las cosas no son, que nos establezca de que supermercado es y nosotros inmediatamente con algún delegado vamos a ir a ver», concluyó Lorenzino.

Nacionales

Los jueces federales y nacionales le expresaron a la Corte Suprema su preocupación por los ataques narco en Rosario

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09.10 Elevaron un documento en el que destacaron que se atraviesa “un delicado momento” y que “se encuentran en juego la vida de las instituciones y el Estado de derecho”. Buscan que el Máximo Tribunal sea el que impulse un plan contra el crimen organizado.

Los jueces federales y nacionales de todo el país se reunieron con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, con el vicepresidente, Carlos Rosenkrantz, y luego lo hicieron también con el ministro Ricardo Lorenzetti. Allí les plantearon la preocupación por la situación de extrema gravedad en cuanto a la inseguridad, el narcotráfico y el crimen organizado por la que atraviesa la provincia de Santa Fe, con epicentro en la ciudad de Rosario, además del temor de que estas conductas delictivas repliquen en otras provincias.

Luego de esa reunión, que sucedió hace 15 días, surgió un documento en el que se plasmó la preocupación manifestada. Cabe recordar que la Junta de Presidentes de Cámara se creó oportunamente a instancias de Carlos Fayt. Actualmente la preside el Javiel Leal de Ibarra, quien firmó el documento, que fue elevado al Máximo Tribunal nacional.

El mismo manifestó la preocupación de los firmantes “derivada de la situación de extrema gravedad generada por la inseguridad y altos índices de violencia que sufre la provincia de Santa Fe y en especial la ciudad de Rosario”. “Transitamos un grave y delicado momento, que requiere redoblar esfuerzos para prevenirlos, ya que como consecuencia de ello se encuentran en juego la vida de las instituciones y el Estado de Derecho”, continuó el escrito.

Los firmantes entienden que el peligro que hoy enfrenta Rosario debiera ser una cuestión prioritaria a nivel nacional, dado que la naturalización de la crisis aumenta el poder de las mafias y reduce la capacidad del Estado. En el citado documento se reclama la creación de nuevos juzgados federales tanto en Santa Fe como en Rosario, la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal y también que se cubran las vacantes de jueces y fiscales federales y que se adquieran equipos informáticos y tecnológicos para investigar.

Asimismo, el texto recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación “ha señalado la necesidad de actuar de manera concreta e inmediata para enfrentar el problema del narcotráfico, ya que está en juego la seguridad de la población según la Acordada 25/2015, recordando en este sentido, que la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes (Ley 24072) establece en su artículo 3.6 que las partes se esforzarán para dar máxima eficacia a las medidas de detección y represión respecto de esos delitos”.

Indudablemente, este documento persigue el objetivo de que sea la propia Corte Suprema la que “adopte medidas urgentes a los fines de superar las circunstancias fácticas expuestas”. En definitiva, se busca que el Máximo Tribunal se convierta en un actor principal a la hora de impulsar la concertación necesaria con los distintos actores políticos para impulsar y concretar un plan contra el delito y el crimen organizado.

El escrito evidenció el gran temor de los jueces de todo el país de que lo que ocurre hoy en Rosario se extienda a gran escala al resto del país y que las mafias organizadas le disputen de igual a igual a las instituciones de la democracia. Para los magistrados, si no se actúa sobre Rosario, corre en peligro todo el país.

Por otra parte, este miércoles se venció el plazo de 30 días que tenía Alberto Fernández para designar a la nueva integrante del máximo tribunal de justicia del país. Elena Highton de Nolasco renunció a la Corte Suprema el primero de noviembre y el Presidente debió haber nominado a su sucesora antes de que venciera el plazo legal determinado por un Decreto que en 2003 firmó junto a Néstor Kirchner y al entonces ministro Gustavo Beliz.

Así, el mandatario nacional incumplió la propia norma que suscribió siendo jefe de Gabinete de Kirchner, aunque no habrá sanciones administrativas ni judiciales. El decreto 222/03 no prevé castigos a lo largo de sus 11 artículos. Más allá de eso, la ausencia de acuerdo entre el Gobierno y la oposición bloquea la nominación de la sucesora de Highton de Nolasco en la Corte Suprema. (Infobae)

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Nacionales

La inflación de noviembre rondó el 3% con un fuerte impulso de los alimentos

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07.51 Así lo indican los datos de las consultoras que miden los precios minoristas; a cuánto llegó la suba en los últimos 12 meses y qué debería pasar para que se cumpliera la estimación oficial para 2021.

Con un fuerte impulso de los alimentos, pese al congelamiento que lleva adelante el Gobierno, la inflación de noviembre volvió a rondar el 3% mensual y así acumula un incremento del 52 por ciento en el último año. Así lo indicaron las consultoras que realizan relevamientos de precios en forma privada, mientras se espera el dato oficial del Indec para mediados de este mes.

Aunque el ministro de Economía, Martín Guzmán, recalculó el índice de precios al consumidor de este año del 29 al 45,1 por ciento, las consultoras estiman que cerrará 2021 en torno del 51 por ciento, en sintonía con un fuerte déficit fiscal, importante emisión monetaria y expectativas macroeconómicas desancladas. De hecho, en 11 meses ya alcanzó la suba de precios estimada por el Palacio de Hacienda para todo el año.

Por lo tanto, para que se cumpliera el pronóstico oficial, que se dio a conocer apenas hace dos meses, en diciembre debería haber deflación, un resultado que luce imposible de lograr.

Algo similar ocurre con los números de 2022: si bien Economía calculó que llegará al 33%, los privados creen que repetirá una cifra cercana al 50 por ciento, aunque algunos se estiran hasta el 70%, dado que se acelerará la devaluación del tipo de cambio oficial, subirán las tarifas y otros precios relativos casi congelados este año.

Mientras tanto, el estudio Ferreres & Asociados indicó que su relevamiento arrojó un 2,9% para el mes pasado. “La inflación de noviembre fue de 2,9% mensual y registró un crecimiento interanual de 46,7%. Por otra parte, la inflación núcleo avanzó a un ritmo mensual de 3,3%, marcando un aumento de 48,5% anual”.

Respecto de los principales rubros, la consultora que dirige Fausto Spotorno indicó que “Vivienda encabezó las subas del mes, registrando un alza de 4,9% mensual, mientras que Indumentaria lo hizo en 4,6% mensual y que Transporte y comunicaciones avanzó 4,3% mensual”.

“Con relación a la medición núcleo, ésta arrojó una variación del 3,3% y en términos anuales registró una suba del 48,5%. En cuanto a los bienes y servicios regulados, éstos registraron una variación de 1,9% mensual, mientras que los estacionales subieron 3,1% mensual”, precisó en un informe.

Para la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), el dato fue del 3%, mientras que para Seido llegó al 3,5% el mes pasado y al 52,6% en los últimos 12 meses, el valor más cercano al dato de diciembre del 2019, cuando Mauricio Macri dejó la presidencia con un 53,8 por ciento.

En tanto, Federico Moll de Ecolatina indicó que el registro se ubicó en 3,2%, con una suba mayor en alimentos y, en particular, en la carne, reflejando el fracaso parcial del “congelamiento” de los precios que con tanto ahínco lleva adelante el Gobierno. “En supermercados se vio el efecto de los controles, pero en el canal tradicional no”, aclaró Moll. Ecolatina estimó que, desde enero, la suba de los precios fue del 44,2 por ciento.

En tanto, el estudio Eco Go estimó 3,2% para el mes pasado y 51,5% en los últimos 12 meses. “La última semana saltó carne vacuna 10% y alimentos creció 1,6% en la semana. Con ello, la suba mensual de los alimentos fue de 3,9%, del 57,1% en el último año y del 50,8% desde enero”, indicó su director ejecutivo, Sebastián Menescaldi. En particular, la carne subió 5,9% en noviembre y 76,7% en el último año, según Eco Go.

Por su parte, Camilo Tiscornia, socio de C&T, explicó que el relevamiento de precios minoristas para GBA “reveló un alza de 2,6% mensual en noviembre, menor que el 3,7% de octubre y el 3,2% de noviembre de 2020. Así, la variación de doce meses fue de 51,4%“. La proyección para 2021 y 2022 de esta consultora es del 51 y 53 por ciento, respectivamente.

En el informe se precisó que “el rubro de mayor suba en noviembre fue educación, por el aumento autorizado a diversos colegios; le siguió esparcimiento, con gran influencia del turismo por el fin de semana largo”. En tanto, “indumentaria fue el tercer rubro de mayor aumento. Es un típico comportamiento del mes de noviembre por la mayor demanda por ropa de verano.

Por otro lado, “salud se moderó luego de varios meses por la ausencia de ajustes en las prepagas y por la extensión del congelamiento de precios a los medicamentos y en equipamiento y mantenimiento del hogar se verificó el efecto del Black Friday en varios productos, que aplacó el incremento debido al ajuste salarial de las empleadas domésticas”.

A su vez, “alimentos y bebidas, al igual que otros productos de consumo masivo, se moderaron fuertemente debido a la baja de precios que se dio sobre fin de octubre a causa del congelamiento de precios, que generó un gran arrastre estadístico en noviembre”.

Sin embargo, advirtió que “los alimentos, en especial, retomaron el alza durante noviembre, sobre todo, en la segunda y en la cuarta semana; esto deja un elevado arrastre estadístico para diciembre, lo que anticipa que en diciembre la inflación, no sólo de este rubro sino en general, será más elevada” y se ubicará lejos, muy lejos, de los cálculos del Palacio de Hacienda. (Infobae)

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Procesaron a Mauricio Macri por presunto espionaje ilegal

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19.58 El juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, acusó al ex presidente de espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan.

El juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, procesó a Mauricio Macri por presunto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, y también por abuso de autoridad. Le trabó un embargo de $100 millones y le prohibió salir del país. Es el primer procesamiento para el ex presidente desde que dejó el poder en diciembre de 2019.

«Las prácticas ilegales que se ventilan en esta resolución, nos remontan a las épocas más oscuras de nuestro país y se asemejan a las tareas que supo desarrollar la Dirección de Inteligencia de la Policía de Provincia de Buenos Aires (DIPBA) décadas atrás», dijo Bava y acusó a la AFI de Macri de «restaurar institucionalmente una serie de prácticas ilegales que se creían erradicadas, muy similares a las de aquella época».

En este expediente que lleva adelante el juez Bava ya fueron procesados los ex directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, entre otros ex funcionarios.

Para el juez instructor del caso, se dio por corroborada «la participación de los imputados en la realización de las tareas antes mencionadas, las cuales consistieron en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos».

Entre esas tareas de «espionaje prohibidas por ley, se les imputó haber dirigido numerosas de ellas a obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan, como así también del buque “El Repunte” y del buque “Rigel», señala la resolución judicial.

En la resolución de 171 páginas, el magistrado dispuso «dictar el procesamiento sin prisión preventiva de Mauricio Macri, por encontrarlo penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor, en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal».

El accionar del ex presidente, para Bava, «generó las condiciones para que se lleve a cabo, almacene y utilicen datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias, y por la actividad lícita que desarrollaban, así como en virtud de haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos, en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo y en las personas».

En base a ese desglose, le atribuyó también el delito de «abuso de autoridad de funcionario público en carácter de autor».

Todas las tareas de inteligencia ilegal -consideró Bava-, «no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional y se realizaron, además, con el objeto de influir en la opinión pública, en la opinión en esas personas y en el normal desenvolvimiento de las actividades de la agenda política de ese año, que según los criterios preestablecidos podían afectar a la gestión del entonces gobierno».

En lo que refiere a Macri, y en base a las pruebas que puso bajo análisis, Bava dijo que las acciones «ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu propio realizaron este espionaje ilegal, sino por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri».

Así, lo procesó por un conjunto de hechos vinculados a los familiares del ARA San Juan: 15 de enero 2018. 19:20 Malvinas Vallejos -familiar de una víctima del ARA San Juan- fue seguida por personal de la AFI y fotografiada; 3 de febrero de 2018, la AFI confeccionó un presunto informe sobre los reclamos de familiares; 10 de febrero de 2018, la AFI informó que familiares iban a entregar una carta a Macri; 2 de abril de 2018. La AFI espía y fotografía a Andrea Mereles y Malvina Vallejos en el Golf Club de Mar del Plata.

Los hechos atribuidos incluyen también las siguientes fechas: 15 de noviembre del año 2018. Familiares que protestaban en la Base Naval de Mar del Plata fueron fotografiados ; Una serie de presuntos seguimientos, fotos y confección de informes sobre los familiares.

Como Jefe de Estado, «Mauricio Macri no pudo ser ajeno a los hechos que se le imputan», dijo Bava y agregó: «lejos de ello, la propia de inteligencia pone al imputado en rol de establecer los lineamientos generales y la conducción política de todo el sistema de inteligencia, mediante el cual se desarrollaron las acciones ilegales investigadas en autos, en particular, el espionaje de los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan».

Fuente: Clarín.

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