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Sucesos

Condenas por explotación económica de la prostitución

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21.46 El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe condenó dos veces en el mismo año a una proxeneta del barrio Villa Dominga de la ciudad de Rafaela, donde funciona la denominada «zona roja» de la Perla del Oeste. La primera fue en marzo y refiere al secuestro de una embarazada de 19 años, la cual pudo escapar y denunciar lo ocurrido en 2014. La segunda sentencia, dictada esta semana, incluye a un hombre de 52 años, que proveía los medios para que se consumara el delito.
Este miércoles, el juez federal Luciano Lauría condenó a María Guillermina Herrera (33) a 5 años de prisión como autora del delito de «explotación económica del ejercicio de la prostitución, agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas»; sanción que unificada a una condena del 12 de marzo de este año, le valió una pena única de 8 años y 6 meses.
Por el mismo delito, fue declarado culpable José Luis Vega (52), a quien le impusieron pena de 5 años y 6 meses de prisión, que purga en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz.

Denuncia anónima

La sentencia es el resultado de un juicio abreviado alcanzado entre la fiscal Jimena Caula y los abogados Fernando Sánchez -defensor oficial- y los particulares Hernán Domenella y Pablo Mosconi, con el consentimiento de los implicados Vega y Herrera.
La resolución judicial da cuenta de una denuncia anónima de abril de 2014 en la que se exponía con preocupación la práctica de la prostitución en Rafaela. Cuatro años tardaron en definir la competencia entre la justicia provincial y federal, hasta que en mayo 2018 la Cámara Federal de Rosario decidió quedársela.
Para ese entonces se acumularon seis expedientes bajo la materia «trata de persona», en los que aparecían nombres y direcciones, algunos de los cuales se repetían en forma cíclica como parte de un engranaje en el sistema prostibulario rafaelino.

Once allanamientos

Entonces, tras identificar a los presuntos responsables de la red dedicada a la explotación sexual de mujeres, el 25 de mayo de 2019 se ordenaron once allanamientos, la mayoría de los cuales se llevaron a cabo en un radio de cuatro manzanas conformadas por las calles Jaime Ferré, Lavalle y Ramón y Cajal del barrio Villa Dominga. Más de un centenar de gendarmes participaron del megaoperativo en el que fueron detenidos Vega y Herrera, quienes resultaron procesados y el año pasado la causa fue elevada a juicio. «Se encuentra probado que cuanto menos desde el mes de mayo del 2018 hasta el 25 de mayo de 2019, Vega y Herrera se beneficiaron económicamente del comercio sexual de cuanto menos tres mujeres que desarrollaban su actividad en el domicilio de calle Edison 244 de la ciudad de Rafaela», afirma el juez Lauría.
Para el magistrado, «Vega también obtuvo beneficios económicos provenientes del ofrecimiento sexual realizado por otras cinco mujeres en el domicilio de calle Alvear 1384 de la misma ciudad, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de cada una de ellas».

Reparto de roles

En el reparto de roles, Vega era «quien proporcionaba el sitio para que residan y ejerzan la prostitución» y Herrera «se encargaba de la organización y administración». Ello quedó acreditado en gran parte en los allanamientos de 2019, cuando se secuestraron «preservativos con y sin uso, geles íntimos y documentación con anotaciones relacionadas a cifras diarias, gastos, deudas y referencias».
En síntesis, pudo acreditarse que «tanto del domicilio de calle Edison como el de Alvear, los encartados obtuvieron un porcentaje considerable del dinero recaudado como consecuencia de los pases realizados por las víctimas, permitiendo a ellas disponer libremente de éste sólo luego de que se realizaran los descuentos establecidos, que -conforme se ha acreditado- consistían en el cincuenta por ciento del valor de cada «pase», que en ese entonces oscilaban entre 400 y 1.500 pesos. 
Para la Justicia, Herrera y Vega, «se beneficiaron económicamente de la explotación sexual de las mujeres a quienes bajo la fachada de proporcionarles un sitio donde realizar sus actividades, cobraban retenciones y cánones propios del accionar delictivo que reconocieron ante la fiscal auxiliar».

Por drogas

En realidad, María Guillermina Herrera (33) fue condenada por primera vez en el fuero federal el 12 de octubre de 2018 en una causa de drogas. En aquella oportunidad los jueces José María Escobar Cello y Luciano Lauría del TOF local le impusieron dos años de prisión en suspenso por el delito de «tenencia simple de estupefacientes» cuando la detuvieron en 2017, otra vez junto a su madre Stella Maris Peralta, con 74,3 gramos de cocaína. En total, fueron 13 las personas que recibieron condenas que oscilan entre 1 y 4 años de prisión por los delitos de confabulación para el tráfico y tenencia simple de estupefacientes.

Dos chicas secuestradas

El 12 de marzo de 2021, es decir siete meses antes del reciente fallo, el mismo Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a María Guillermina Herrera por el delito de trata de persona. En esa causa fueron sentenciados además, su madre Stella Maris «la rusa» Peralta (58); y los santotomesinos Andrés Hilario González (39) -preso en Coronda- y su padre Hilario Andrés González (77) -con arresto domiciliario-.
Los cuatro participaron, por separado, en los secuestros de dos adolescentes, cometidos en 2008 el primero y 2014 el segundo. Ambas causas se acumularon por tratarse de los mismos involucrados en las maniobras delictivas. 
El 19 de noviembre de 2008 una madre denunció la desaparición de su hija en la Comisaría 1ra. de Coronda. Dos meses después, recibió un llamado en el que le cuentan que su hija estaba en Rafaela ejerciendo la prostitución; y que iba a ser enviada a Santo Tomé para luego seguir viaje hacia La Plata. La alerta permitió montar un operativo de rescate, que se concretó el 16 de enero de 2009 en una vivienda del barrio El Chaparral de Santo Tomé.
Una década después, el 10 de octubre de 2019, se ordenó la clausura de la instrucción y elevación a juicio de la causa. Había pasado tanto tiempo que la maniobra volvió a repetirse, incluso con los mismos implicados, que tras quedar en prisión preventiva un tiempo recuperaron la libertad. 
La segunda causa se inició el 21 de mayo de 2014, cuando una joven de 19 años que estaba embarazada, le contó a la policía de Santa Fe que acababa de fugarse una red de prostitución que funcionaba en Rafaela.
Por ese episodio fueron citadas a declarar Stella Maris Peralta y María Guillermina Herrera, las cuales fueron procesadas en octubre de 2019 y la causa se elevó a juicio al año siguiente. 
En su sentencia, el tribunal privilegió «como elemento de prueba contundente el testimonio de las dos víctimas». En el caso de la última «se ha acreditado que Peralta y Herrera mantuvieron en contra de su voluntad a MGR -de 19 años de edad y embarazada al momento de los hechos- en el domicilio de Jaime Ferré N° 29 de Rafaela, desde el 16 al 21 de mayo de 2014, fecha en que logró escapara; y que allí la obligaron a ejercer la prostitución utilizando amenazas para ello».
Por el primer caso Andrés Hilario González fue condenado a 4 años de prisión (que unificada con una pena anterior se elevó a 5 años) como autor de trata de persona agravada; su padre Hilario Andrés González recibió 2 años de prisión como partícipe secundario y Stella Maris Peralta la pena de 6 años de prisión por su intervención en los dos hechos. En tanto María Guillermina Herrera fue condenada a 5 años de prisión por «trata de personas agravada por haber mediado amenazas y por hallarse la victima embarazada».

Santafesinas y dominicanas

Ocho mujeres fueron rescatadas en los allanamientos de mayo de 2019, cinco de las cuales eran de la ciudad de Santa Fe y las tres restantes provenían de República Dominicana, todas bajo «evidentes indicadores de vulnerabilidad» de los que Vega y Herrera «se aprovecharon para obtener el beneficio económico».
Las que residían en la calle Edison 244, eran oriundas de la ciudad de Santa Fe, tenían hijos menores a su cargo, no habían concluido nivel primario educativo y se involucraron y fueron víctimas desde muy jóvenes del circuito prostituyente. En lo que respecta a las mujeres halladas en calle Alvear 1384, se repiten las mismas condiciones, refiriendo todas ellas ser la principal fuente de subsistencia de sus hijos, quienes se encontraban en sus ciudades y país de origen al cuidado de sus familiares.
«No puedo soslayar que entre ellas se encontraban mujeres de nacionalidad dominicana, quienes reconocieron el hecho de haber comenzado a estar en situación de prostitución en un intento por resolver las necesidades económicas urgentes de sus familias», valoró el juez Lauría.

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Arrufó: Un detenido por brutal agresión a un joven

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18.55 El procedimiento se concretó en horas de la noche del miércoles, minutos antes de que familiares y amigos de Andrés Romero, realizaran una marcha pidiendo justicia. El joven se encuentra internado en el Hospital Cullen de Santa Fe con graves lesiones
Luego de arduas tareas investigativas realizadas por el personal policial de la localidad, en conjunto con la AIC Ceres, se allanó un domicilio ubicado en Pasaje Público s/n, procediéndose a la detención de un hombre quien sería el presunto autor de la lesiones graves que sufriera el joven Andrés Romero, el pasado fin de semana.
Además se secuestraron una bicicleta y otros elementos probatorios de interés para la causa a requerimiento de la Fiscalía de San Cristóbal.
Andrés Romero fue encontrado tirado en una plaza de Arrufó, presentando el maxilar quebrado en tres o cuatro partes, fractura de cráneo en el lado derecho y de vertebra, a la altura de la nuca.

Fuente y foto Radio Belgrano

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Caso Cornalis: confirmaron la preventiva de los sospechosos

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18.32 La Cámara de Apelaciones confirmó la medida cautelar impuesta a tres de los imputados en el crimen de Héctor Cornalis, quienes permanecerán en prisión mientras avanza la investigación.

El juez de la Cámara de Apelaciones Roberto Prieu Mántaras resolvió mantener la prisión impuesta a los sospechosos de haber secuestrado y provocado la muerte de Héctor Cornalis. La causa cuenta con cuatro imputados, y los abogados defensores de tres de ellos habían apelado la prisión preventiva impuesta en primera instancia.
En la resolución, el camarista entendió que siguen vigentes tanto el riesgo de fuga como de entorpecimiento probatorio, y que la posible participación de los imputados se encuentra acreditada con evidencia suficiente.

Fallo confirmado

Los paranaenses Nicolás Bustamante y Hugo Segovia, y el remisero Clemente Lencina se encuentran en prisión preventiva por su participación en el secuestro que devino en la muerte de Héctor Cornalis, en abril de 2021. La causa cuenta con otros dos implicados: Miqueas Córdoba, quien permanece prófugo, y el autor ideológico del robo frustrado, Roberto Andini, quien no apeló el fallo. La audiencia de apelación se realizó el 12 de agosto ante el juez Prieu Mántaras por pedido de los abogados defensores Hilda Knablein y Sebastián Gervasoni, en representación de Lencina, y Victoria Regali y Juan Pablo Temón en representación de Bustamante y Segovia, quienes cuestionaron la imputación realizada y la imposición de la prisión preventiva. En su resolución, Prieu entendió que la imputación “se presenta completa, clara, concreta y circunstanciada”, y que si bien “resulta inútilmente extensa, tediosa y con indicación de cuestiones accesorias que no era necesario enunciar, ello no es en absoluto causal de invalidación”. Para el camarista nada les impidió a los imputados ejercer su derecho de defensa.
Sin embargo, al referirse a la calificación penal, Prieu Mántaras realizó una valoración distinta al fiscal, a los defensores y al juez de primera instancia, y entendió que corresponde la calificación de homicidio con dolo eventual: los imputados golpearon a Cornalis en el interior de su propio vehículo, mientras era trasladado a su domicilio, causándole la muerte, y aclaró que “no resulta posible considerar que la muerte fuera con dolo directo (…) ya que de ser así carece de sentido que lo hubieran secuestrado para obtener dinero y privarlo de la vida antes de lograr su cometido, salvo que lo hicieran para evitar ser descubiertos por la policía, en cuyo caso el tipo penal aplicable sería otro, cuestión que si bien fue insinuada en audiencia, no fue acreditada”. En cuanto a la participación del remisero Lencina en el hecho, el camarista valoró que se encuentra acreditada ya que “anticipadamente a la comisión del mismo, no después, había realizado todas las tratativas necesarias para asegurar el escape de los imputados, acordando su retiro y su traslado a Gálvez encargándose de garantizar su huida”. Sin embargo consideró que no se lo puede considerar como coautor, sino como cómplice primario en el delito señalado “y no encuentro razones para endilgarle algún tipo de intervención respecto de la muerte de Cornalis, al menos hasta este momento de la investigación”. Finalmente, el camarista sostuvo compartir las razones del juez de primera instancia para imponer la prisión preventiva, y agregó que “la investigación, que está en pleno desarrollo, podría verse seriamente perjudicada si se otorga la libertad a Lencina, por la posibilidad de que este pueda incidir sobre los testigos, siendo que es de la zona donde estos radican. Así también la pena en expectativa, la importante dosis probatoria en su contra y la alta probabilidad de una condena, todo lo cual es de conocimiento del imputado, se presentan también como fundamento bastante para entender la existencia de peligro de fuga”.

Los paranaenses detenidos

El caso

Héctor Cornalis era el encargado de las finanzas de la cooperativa 22 de Marzo, dedicada a la producción de quesos. La fábrica está ubicada en la ruta provincial 13, entre Estación Clucellas y María Juana. El viernes 16 de abril, cerca de las 6 de la mañana Cornalis fue interceptado por tres encapuchados que lo golpearon y lo subieron a su auto. De la investigación, que lleva adelante el fiscal de San Jorge Carlos Zoppegni, se desprende que Roberto Andini, excompañero de trabajo de Cornalis en la cooperativa, contrató a tres personas (Bustamante, Segovia y Córdoba) para que lleven adelante un plan del que concluyó con una consecuencia que a priori no había sido pretendida por Andini: la muerte de Cornalis. Los tres paranaenses contratados debían secuestrar a Cornalis y robarle el dinero; llegaron a la terminal de Santa Fe tres días antes del crimen, fueron buscados por el remisero Lencina quien los llevó hasta la casa de Andini. El día del hecho, Andini llevó a Córdoba, Bustamante y Segovia hasta la cooperativa, para que esperen el arribo de Cornalis.
Una vez que llegó la víctima fue interceptada por los tres hombres que lo redujeron y lo obligaron a subir a su vehículo. La hipótesis fiscal sostiene que debían ir a la casa de Cornalis para perpetrar el robo, desconociendo que en el baúl del auto se encontraba una suma millonaria. En el camino, se cruzaron con un móvil policial y el plan se complicó. Los agresores fueron hasta una zona rural en Colonia Cello donde dejaron abandonado el auto y el cuerpo de Cornalis amordazado en el asiento trasero, ya sin vida.

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Las Colonias: desarticularon accionar de una banda de estafadores

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16:57 – Los agentes detuvieron un total de 17 personas y secuestraron celulares, notebooks, dinero, armas y varios dispositivos. 

La Agencia de Investigación Criminal (AIC), del Ministerio de Seguridad provincial desarticulo una banda de estafadores que operaba desde Córdoba y Rosario. La investigación se inició a raíz de varias denuncias por estafas telefónicas realizados por ciudadanos de Esperanza y otras localidades del departamento Las Colonias, un total de veinte (20) victimas. 
Personal de la AIC abocado a la investigación de los ilícitos, pudo comprobar con el transcurso del tiempo que se trataba de una Asociación Ilícita integrada por cinco internos del Establecimiento Penitenciario N° 6 de la Ciudad de Río Cuarto, quienes contaban con personas (familiares y amigos) encargados de recolectar, teléfonos, cuentas bancarias CBU y distribución del dinero obtenido de las estafas realizadas.
A través de diversas técnicas de investigación, los agentes concretaron operativos en ciudades como Rosario e nuestra provincia y ciudades de la Provincia de Córdoba (La Carlota, Alta Gracia, Río Cuarto y Córdoba Capital).
En los allanamientos los investigadores detuvieron a 17 personas y secuestraron: 46 teléfonos celulares; tres Notebook; una Tablet; otros diez diferentes dispositivos; $317.000 en efectivo; seis armas de fuego; 138 municiones de diferentes calibres; tickets de operaciones bancarias; tarjetas de crédito y documentación de interes para la causa.
Los 17 detenidos (nueve mujeres y ocho varones) fueron trasladados a la ciudad de Esperanza para su alojamiento e imputaciones y posterior audiencias respectivas en Tribunales de la ciudad de Santa Fe. Intervino en la investigación la Fiscalía a cargo del Dr. Alejandro Benítez.

Modalidad

La modalidad delictiva consistía en captar a sus víctimas por publicaciones de Facebook (Marketplace) que vendían vehículos, motocicletas, o bines muebles mostrando interés en el elemento publicado. Las víctimas recibían llamados telefónicos por parte de una persona que manifestaba interés en la compra del producto simulando el pago mediante transferencia bancaria. Luego le indicaban que hubo inconvenientes en la misma, por lo que le solicitaban que se dirija a un cajero automático y, bajo engaños, realizaban operaciones bancarias donde solicitaban préstamos y lo retransfirían a otras cuentas de diferentes bancos ya preexistentes. Asimismo retiraban todo el dinero que poseían en sus cuentas. 
Todos los damnificaos fueron estafados por alrededor de 2.000.000 de pesos y 5.000 dólares estadounidenses.

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