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Argentina reafirmó en la ONU su posición sobre Malvinas

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Fue a través de la embajadora María del Carmen Squeff, quien apoyó la postura nacional y reiteró la disposición de Argentina «a contribuir a la descolonización del territorio», al mismo tiempo, señaló que existe «una presencia militar desproporcionada en el Atlántico Sur», ya denunciada por el país.

La representante permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas, la embajadora María del Carmen Squeff, reafirmó este jueves ante los miembros de la ONU la posición nacional sobre la cuestión de las Islas Malvinas e instó a Gran Bretaña a iniciar las negociaciones «para encontrar una solución pacífica y definitiva», por lo que obtuvo un gran respaldo internacional.
En el marco del inicio del Debate General de la Comisión de Política Especial y Descolonización de la Asamblea General de las Naciones Unidas correspondiente a la Cuarta Comisión, la embajadora Squeff desarrolló los argumentos que sustentan la posición nacional, según se informó en un comunicado difundido por Cancillería.
La diplomática reiteró la disposición de Argentina «a contribuir a la descolonización del territorio conforme lo dispuesto por la Asamblea General en la resolución 2065, que instó a las dos partes a mantener negociaciones para encontrar una solución pacífica y definitiva de la controversia».
Asimismo, la representante indicó que el Gobierno argentino había reiterado al secretario General de las Naciones Unidas -el portugués António Guterres- su interés en los esfuerzos que pueda desarrollar para asistir a las partes en la disputa con el propósito de reanudar las negociaciones a través de la misión de buenos oficios.
También advirtió que «el Reino Unido continúa desarrollando actividades unilaterales contrarias a la resolución 31/49 de la Asamblea General, que incluyen la exploración y explotación ilegal de recursos renovables y no renovables en el área en disputa».
«El Reino Unido continúa desarrollando actividades unilaterales contrarias a la resolución de la Asamblea General, que incluyen la exploración y explotación ilegal de recursos renovables y no renovables en el área».
En esa línea, señaló que existe «una presencia militar desproporcionada en el Atlántico Sur, la cual ha sido denunciada reiteradamente por la Argentina».
En la primera jornada del debate, en el que participan los 193 Estados Miembros de la Organización, la Argentina recibió el respaldo de los países del Mercosur y Estados Asociados, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y el Sistema de la Integración Centroamericano (SICA), así como de México y Ecuador, en capacidad nacional.
Ante este apoyo internacional, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, destacó el aval recibido por Argentina en el tratamiento de la Cuestión Malvinas en la Cuarta Comisión y agradeció el trabajo de la delegación argentina destacada en Nueva York, a cargo de la embajadora Squeff.

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La Corte busca declarar inconstitucional la reforma de Cristina en el Consejo de la Magistratura

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08.42 El máximo tribunal busca recuperar los equilibrios entre los integrantes del sector político y el jurídico.

La Corte Suprema de Justicia prepara un fallo para declarar inconstitucional la composición actual del Consejo de la Magistratura, que fue dispuesta por una reforma legal impulsada por Cristina Kirchner, como senadora, en 2006.

Los jueces planean firmarlo antes de fin de año. Es un caso que espera una definición de la Corte desde 2016. El fallo confirmaría que la integración actual del Consejo no respeta el “equilibrio” entre los estamentos que exige la Constitución Nacional y podría tener por efecto, además, la asunción del presidente de la Corte -cargo que hoy ocupa Horacio Rosatti- como presidente del Consejo.

No está claro si la decisión sería volver de inmediato a la ley anterior a la reforma o abrir una ventana de tiempo que le permitiera al Congreso dictar una nueva ley, lo que parece más probable. “El contenido de eso es algo en lo que trabajan los tres ministros directamente”, dijeron en una de las vocalías de la Corte. Los “tres ministros” son Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda; todos menos Ricardo Lorenzetti, que tiene un enfrentamiento abierto con sus colegas, agravado después de la tormentosa elección de autoridades en el máximo tribunal. “No hay vuelta atrás”, dicen en el despacho de otro de los magistrados sobre esa relación. Es posible, sin embargo, que Lorenzetti vote con ellos. Pero la señal política que implicaría resolver este caso después de casi seis años y poner un pie en el Consejo es un mensaje de la nueva mayoría.

Está en juego el futuro de un organismo clave para la Justicia, el que selecciona y controla a los jueces, y administra los fondos del Poder Judicial. Actualmente está partido en dos entre oficialistas y opositores. ¿Qué impacto político tendrá una eventual declaración de inconstitucionalidad sobre esa relación de fuerzas? No demasiado, dicen a ambos lados de la grieta. Es que el equilibrio roto, según la demanda que presentó en la Justicia el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, es entre el “estamento político” (que incluye a los legisladores opositores y oficialistas, y al representante del Poder Ejecutivo), los jueces y los abogados. Pero en la práctica nunca sucede que todos los legisladores y el representante del Ejecutivo voten juntos. Y los jueces, los abogados y el académico no funcionan como técnicos prescindentes de la pelea política.

El aspecto más polémico de la reforma que impulsó el kirchnerismo fue que con la reducción de miembros -que pasaron de 20 a 13-, el oficialismo fue el único sector que no perdió poder. Retuvo a sus cinco representantes (sus dos senadores, sus dos diputados y el delegado del Poder Ejecutivo) y, además, obtuvo “poder de veto”: ningún juez puede ser acusado ni seleccionado para integrar una terna sin el aval del oficialismo.

Sin embargo, para nombrar jueces o someterlos a juicio político, antes y ahora, hizo falta siempre una mayoría de dos tercios que ningún estamento, ni ningún grupo político, tiene por sí mismo. Deben llegar a un consenso.

Los consejeros dan por hecho que el fallo es inminente. Algunos dicen incluso que tiene una fecha tentativa: 16 de diciembre. Se preguntan cómo va a ejecutar la Corte esa declaración de inconstitucionalidad.

“Los fallos deben ser acatados, pero un caso así requeriría un tiempo prudencial para llegar a la nueva composición”, dijo el presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, representante de las universidades y parte del bloque oficialista. Está previsto que su presidencia dure hasta febrero próximo. “Podría disponerse que el fallo fuera de aplicación cuando venzan todos nuestros mandatos, en noviembre de 2022″, afirmó. Dentro de un año, el Consejo se renueva íntegro.

En principio, la declaración de inconstitucionalidad de la reforma implicaría que recobrará vigencia la composición anterior, la de 20 miembros, con el presidente de la Corte como titular del Consejo. Pero incluso para eso se necesita tiempo, advierten los consejeros. Haría falta llamar a elecciones para designar a los nuevos abogados, el nuevo juez y el nuevo académico. Es un proceso que normalmente comienza varios meses antes del recambio, en marzo.

Otro problema que se generará, de fallar la Corte en este sentido, es la interpretación sobre a quién le correspondería el lugar de las “segundas minorías” del Congreso, que estaban representadas en el Consejo de 20.

“No creo que Rosatti o Rosenkrantz vayan a querer sentarse el 17 de diciembre a presidir el Consejo. No creo que quieran generar un conflicto de poderes”, dijo un funcionario kirchnerista que interviene en los temas judiciales. La referencia a Rosenkrantz es porque dice suponer que Rosatti podría delegar en él, vicepresidente de la Corte, la presidencia del Consejo. “Lo más sensato sería que dijeran que este sistema no va, pero que los mandatos siguen vigentes hasta noviembre. Y que si para ese momento el Congreso no dictó una nueva ley, entonces sí debe volverse al Consejo anterior.”

Diego Marías, representante de los abogados, que llegó al Consejo por una alianza entre Pro y la UCR, coincidió en que “la experiencia del Consejo de 20 ya fracasó”. Y afirmó: “Lo ideal sería que la conformación del Consejo la decidiera el Congreso, y no que surja de un fallo judicial. Que lo acuerden las fuerzas políticas”. Marías, además, descree de la idea de un Consejo despolitizado. “Es un organismo en el que prima la política. Hay dos visiones que son muy claras y sobrepasan la pertenencia estamentaria, más allá de que yo creo que la abogacía está discriminada y que debería haber más abogados”.

Lo que tiene a estudio la Corte es la revisión de un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, dictado el 19 de noviembre de 2015. Fue apelado por el gobierno kirchnerista (por eso no se ejecutó) y cuando asumió Mauricio Macri su gestión no desistió del recurso. Tenía la llave para que el Consejo volviera en ese momento a su composición de 20 miembros, pero la gestión de Macri no la utilizó. En cambio, le pidió tiempo a la Corte para presentar un proyecto de reforma diferente en el Congreso, iniciativa que no prosperó.

Lorenzetti anunció el 6 de octubre pasado que la Corte, después de años, tenía el caso “en agenda”, para resolver. En mayo de 2018, la Procuración, a cargo de Eduardo Casal, había dictaminado en esta causa y recomendado no hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad.

La reforma cuestionada

En 2006, a instancias de Cristina Kirchner, por entonces senadora, el Congreso redujo a 13 el número de miembros del Consejo de la Magistratura, con fundamento en que así sería “menos burocrático”. Perdieron representantes los jueces, los abogados y la academia, y se eliminó el lugar de los partidos minoritarios (las segundas minorías del Congreso tenían un senador y un diputado en el Consejo).

El viejo Consejo de 20 estaba formado por cinco jueces (uno de ellos, el presidente de la Corte, que presidía también el Consejo), cuatro senadores, cuatro diputados, cuatro abogados, dos académicos y un representante del Poder Ejecutivo. (La Nación)

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Evaluarán cuánto aprendieron los chicos durante la pandemia

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08.02 Este miércoles, los estudiantes de sexto grado rendirán la evaluación Aprender que permitirá conocer el impacto del cierre escolar luego de lo que significaron los resultados educativos revelados por la UNESCO durante 2019.

Solo un día después de que se conocieran los resultados de ERCE, la prueba que tomó la UNESCO en 2019 y reflejó una profunda caída en los saberes, la Argentina medirá cuánto aprendieron los chicos durante la pandemia. Hoy miércoles todos los alumnos de sexto grado del país rendirán la evaluación Aprender.

El año pasado, a raíz de la falta de presencialidad en las escuelas, el gobierno nacional y las provincias acordaron suspender la evaluación. Por ende, será la primera prueba que se tome tras el impacto que el cierre escolar significó para los aprendizajes. Los resultados recién estarán a mediados de 2022, pero los propios funcionarios intuyen que serán dramáticos.

Veinticuatro horas antes de Aprender se publicó el informe del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), que se tomó antes de la pandemia. La prueba reveló la mayor caída en los desempeños de los chicos argentinos de tercer y sexto grado, que quedaron por debajo del promedio regional en cuatro de las cinco materias evaluadas, cuando solo 15 años atrás lideraban en todas las áreas.

Evaluación Aprender

Hoy, durante todo el miércoles, se rendirá la prueba nacional en las escuelas. A diferencia de ERCE que toma una muestra representativa, Aprender es censal. Es decir, los 770 mil estudiantes de sexto grado de los 23 mil colegios del país deberían responder las preguntas, aunque la cobertura de las evaluaciones suele ser dispar.

La prueba evaluará dos áreas de conocimientos. Por un lado lengua, en la que se mide la comprensión lectora de distintos tipos de textos literarios y no literarios. Según informaron en la cartera educativa, se indagará en tres capacidades cognitivas: interpretar, extraer y reflexionar. Los tipos de textos evaluados serán cuentos breves de autores consagrados y artículos expositivos como, por ejemplo, de divulgación científica.

Por otro lado, también se medirá matemática, en la que suelen estar las mayores deficiencias. Los ejercicios se centran en la resolución de problemas. Se indaga en las capacidades cognitivas requeridas para esa tarea, como reconocimiento de datos y conceptos, resolución de situaciones en contextos intramatemáticos o de la realidad, resolución de operaciones y comunicación matemática. Se toman números y operaciones, geometría, medida, estadística y probabilidad.

Hasta el momento había consenso en que los mayores problemas del sistema educativo radicaban en la secundaria. Las pruebas nacionales respaldaban esa afirmación, con números aceptables para sexto grado y muy flojos para el último año de la educación obligatoria. Pero los resultados de ERCE echaron por tierra esa idea. Ahora resta conocer cuáles serán

Además de los ejercicios, habrá cuestionarios complementarios. La intención es relevar información sociodemográfica de cada una de las escuelas y estudiantes que participan, con el propósito de “identificar los distintos factores de naturaleza estructural y contextual que inciden sobre el aprendizaje”.

El cuestionario para estudiantes permitirá recabar nueva sobre características del hogar al que pertenecen, trayectoria educativa, clima escolar, experiencia pedagógica durante la pandemia, percepciones sobre el tratamiento de temas relativos a educación sexual integral, miradas sobre los aprendizajes en lengua y matemática, entre otros.

Por su parte, el cuestionario para los directores se centrará en su trayectoria profesional, cuestiones vinculadas a las tareas de gestión y a la organización de actividades virtuales y presenciales, condiciones de la escuela en el retorno a la presencialidad, prácticas pedagógicas durante la pandemia, acceso y disponibilidad de tecnología, enseñanza de la ESI y trabajo con estudiantes con discapacidad.

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Postergaron hasta marzo la actualización del impuesto al combustible

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07.49 Los precios de naftas y gasoil en surtidores se encuentran sin movimientos desde mayo. Este miércoles debían aplicarse los tributos, pero a través de un decreto el Poder Ejecutivo cambió lo planificado.

Con el objetivo de evitar nuevos aumentos, el Gobierno postergó hasta marzo la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC). Ambos tributos, que tienen un impacto directo en los precios finales de las naftas y el gasoil en los surtidores, debían aplicarse a partir de este miércoles 1° de diciembre.

La decisión había sido adelantada por la Secretaría de Energía y finalmente fue confirmada a través del Decreto 820/2021, publicado hoy en el Boletín Oficial.

Los impuestos a los combustibles se actualizan en forma trimestral de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor que mide el Indec. Pero desde finales de la administración de Mauricio Macri y en varias oportunidades durante la gestión de Alberto Fernández se fueron trasladando hacia adelante para evitar incrementos en las estaciones de servicio.

“Establécese que los incrementos en los montos de impuesto fijados en el primer párrafo del artículo 4°, en el inciso d) del primer párrafo del artículo 7° y en el primer párrafo del artículo 11, todos ellos del Título III de la Ley N° 23.966, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, que resulten de las actualizaciones correspondientes al primer, segundo y tercer trimestres calendario del año 2021, en los términos del artículo 7° del Anexo del Decreto N° 501 del 31 de mayo de 2018, surtirán efectos para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil a partir del 1° de marzo de 2022, inclusive”, se oficializó en la disposición firmada por el Presidente, el jefe de Gabinete Juan Manzur y el ministro de Economía Martín Guzmán.

En los considerando el Gobierno señaló que actualmente se encuentran postergados “los incrementos en los montos de impuestos precitados derivados de las actualizaciones correspondientes al primer y segundo trimestres calendario del año 2021, para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil”.

En ese sentido se justificó que la medida instrumentada tiene como fin “asegurar una necesaria estabilización y una adecuada evolución de los precios”. En efecto, “tratándose de impuestos al consumo, y dado que la demanda de los combustibles líquidos es altamente inelástica, las variaciones en los impuestos se trasladan en forma prácticamente directa a los precios finales de los combustibles”, advirtió el Poder Ejecutivo.

El impuesto a los combustibles líquidos podría tener un impacto del 8% para las empresas, lo que representa un incremento del 2% en el precio final que pagan los consumidores en las estaciones de servicio, según las estimaciones del mercado.

El proyecto de Ley de Hidrocarburos que fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso prevé una modificación de la Ley 23.966 de Impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL) para establecer el tributo como alícuotas porcentuales del precio de los combustibles líquidos y no como una actualización trimestral por inflación.

Los valores de naftas y gasoil en los surtidores se encuentran congelados desde el mes de mayo pese a que desde entonces el precio internacional del petróleo Brent pasó de unos USD 69 a USD 71,34 al cierre del lunes pasado. Durante el año tuvo un pico de USD 86,15 a mediados de octubre. En Argentina, los últimos aumentos escalonados los encabezó YPF en marzo.

Desde la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA), que agrupa a los dueños de estaciones de servicios, vienen alertando por la caída del volumen de ventas a raíz de la situación económica profundizada por la pandemia de COVID-19.

Según un informe de la entidad, desde 2018 se perdió el equivalente a 5,2 meses de ventas. Hasta el pasado mes de octubre, el volumen de ventas es casi tres puntos porcentuales por debajo de abril de 2018.

El Gobierno decidió avanzar con esta medida para postergar en este fin de año un nuevo aumento en este rubro que podría influir en otros sectores alterando el índice inflacionario. (Infobae)

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