Opinión

Messi, rehén de un Gobierno inútil

Lionel Messi, el más grande ídolo mundial del fútbol, es también un hombre limpio y honesto. Sus suegros, José y Patricia Roccuzzo, son conocidos en Rosario por formar una familia trabajadora, decente y de maneras humildes. "El genio es mi yerno, no yo", suele bromear José mientras descarga mercaderías del camión para su supermercado. Pablo Javkin, intendente de Rosario, nació en la vida política en el radicalismo, luego pasó por el partido de Elisa Carrió y fue elegido para su actual cargo por el frente de socialistas y radicales santafesino. Javkin se convirtió en una especie de predicador nacional sobre la urgente necesidad de luchar contra el narcotráfico. Aunque es el jefe comunal de una de las ciudades más importantes del país, Javkin es un intendente sin ningún control sobre las fuerzas de seguridad; sólo puede clamar para que le envíen policías y gendarmes, y eso es lo que hace con envidiable pertinacia. Javkin conoce a los Roccuzzo de toda la vida. El jueves pasado debió correr al supermercado de los Roccuzzo para sacarlo a José del centro mediático en el que se encontraba; Javkin puso la cara frente a los periodistas porque José no está acostumbrado a la exposición mediática ni le gusta. José Roccuzzo sólo le pedía poder abrir su supermercado cuanto antes y volver a trabajar. ¿Por qué, entonces, Messi, los Roccuzzo y Javkin fueron los objetivos de una balacera (o de su mensaje) en una ciudad arrasada por el narcotráfico, los tiroteos y la muerte? ¿A quién fue realmente dirigido? ¿Fue el narcotráfico, para lograr de esa manera una enorme exposición internacional?
Investigadores federales están hurgando en una hipótesis peor: el ataque al supermercado habría sido consecuencia de un guerra entre bandas de la Policía santafesina vinculadas al narcotráfico. Los sicarios del negocio de drogas actúan a cara descubierta y con métodos chapuceros; los que balearon el comercio de los Roccuzzo, en cambio, hicieron gala de un profesionalismo que no es habitual en ese reguero de balas y muertes. La complicidad de la Policía local con los traficantes es una información muy conocida en Rosario. Pero se agregó una noticia más grave en los últimos tiempos. Llegaron a a la ciudad fuerzas federales (sobre todo, la Policía Federal y la Gendarmería) y aumentaron los crímenes. Nunca había sucedido antes semejante desafío del delito. ¿Por qué ahora sí ocurrió? Las hipótesis son varias: porque no fueron suficientes agentes federales (nadie sabe con exactitud cuántos están en esa ciudad) o porque van con escaso armamento y poca tecnología. La mirada del país está puesta en Rosario, pero el narcotráfico es una presencia vasta y profunda en todo el territorio nacional. Desde la estación de Retiro en la Capital, un lugar abandonado a la buena de Dios, donde acaba de morir innecesariamente una mujer policía, hasta el conurbano bonaerense, Córdoba y el norte del país, todo el territorio nacional es disputado por el narcotráfico. Cada lugar del país donde el Estado perdió el monopolio de la fuerza es también un espacio donde no existe la soberanía nacional. La única diferencia de Rosario con el resto de Argentina es que en la bella ciudad santafesina se aposentó la narcoviolencia: narcotráfico más una criminal violencia. En lo que va de 2023, ya hubo un muerto por día.
En 2022 hubo casi 300 muertos. Los rosarinos sienten temor, pero se resisten a entregar su libertad. Todavía su vida social y cultural es intensa.
El núcleo del problema reside en un Estado impotente frente al delito, que esta vez tomó como rehén a Messi. Ningún Presidente kirchnerista (ni Néstor, ni Cristina Kirchner, ni Alberto Fernández) pronunció nunca la palabra narcotráfico en sus discursos, y eso que la verborragia fue y es uno -no el más importante- de sus defectos. Desde los comienzos del kirchnerismo se instaló la idea de que el tráfico de drogas es una prioridad de los Estados Unidos, no de la Argentina. Es ciertamente una prioridad de EE.UU., pero ¿por qué no lo puede ser también de la Argentina, cuando el contrabando y el consumo de estupefacientes están ampliamente instalados en el país? La gestión de Alberto Fernández desmanteló la política de lucha contra el narcotráfico que había instaurado la administración de Macri, no porque tuviera una mejor, sino porque la había inspirado el macrismo. Digan lo que digan, el único funcionario kirchnerista que habla de esta problemática es el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, peleado con el ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, y con el propio Presidente. Así las cosas, es poco y nada lo que pueden hacer.
Más de tres años después de asumir, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, acaba de nombrar por primera vez a un Ministro en serio a cargo de la Seguridad. Todos los anteriores fueron un fiasco, ya sea por su ideología o por su ineptitud. El nuevo funcionario es Claudio Brilloni, un comandante retirado de la Gendarmería que estuvo a cargo de las tropas de esa fuerza en Rosario durante la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad nacional. Perotti llegó con cierto prestigio político a la Gobernación, pero su gestión en materia de seguridad fue un desastre sin atenuantes. Cauteloso, Brilloni acaba de declarar: "No tenemos ninguna hipótesis firme" sobre el atentado al negocio de los Roccuzzo. El propio Ministro aceptó que no necesariamente el narcotráfico podría ser el responsable de la balacera. El Gobierno nacional se columpió entre Aníbal Fernández con su resignado "ganó el narcotráfico" y Alberto Fernández con su modesto "algo más habrá que hacer". La impotencia como una fractura expuesta.
Uno de los problemas fundamentales en Rosario, y en el país, es que el negocio se controla desde las cárceles. Los capos que están presos siguen siendo capos. El 90% de las operaciones se ordena desde las cárceles. ¿Qué hace, entonces, el Servicio Penitenciario? ¿Es incompetente o es cómplice? Primero sucedió un hecho decisivo: la interventora del Servicio Penitenciario, la ex jueza cercana al kirchnerismo María Garrigós de Rébori, desmanteló la oficina de inteligencia criminal en las cárceles. El Estado no sabe, por lo tanto, con quiénes se relacionan los narcos presos, con quiénes hablan por teléfono ni con qué grupos internacionales de traficantes están vinculados.
Hace diez años, en 2013, la Corte Suprema de Justicia y la Conferencia de obispos católicos se pronunciaron casi simultáneamente en muy duros términos contra el narcotráfico. Diez años en los que no pasó nada; todo está peor que entonces. La Corte lo hizo por los testimonios que había recibido de jueces de Jujuy, Salta y Tucumán. Sucede ahora que hubo un cambio geopolítico significativo: la cocaína (o el grueso de ella) no entra por Bolivia, sino por Paraguay. Por eso, Rosario es clave; la droga ingresa por la Hidrovía hasta el puerto rosarino. Venga del norte o del Litoral, lo cierto es que el país debe enfrentar agresiones extranjeras en territorio soberano argentino. La discusión sobre si las Fuerzas Armadas tienen que incursionar en la lucha contra el narcotráfico merece una política seria y consensuada entre las principales fuerzas políticas argentinas. Debatir en el vacío o sólo para confrontar es una lamentable pérdida de tiempo. No puede haber dos militares más distintos que Martín Balza y César Milani; los dos fueron jefes del Ejército y los dos se opusieron a la participación de los militares en la lucha contra el narcotráfico. Temían que la corrupción contagiara a los militares o reconocían que estos no están preparados para esa misión. La Argentina se está mexicanizando (con perdón de los mexicanos), pero en México los militares son parte activa del combate contra el tráfico de drogas. Están perdiendo esa batalla. En Rosario, como en México, empezaron los ataques contra medios periodísticos y contra periodistas. Sin embargo, ¿qué hacer si gran parte de las fuerzas de seguridad están contaminadas por el dinero fácil del narcotráfico? ¿Cómo asignarles un rol protagónico a las Fuerzas Armadas que impida, con palabras directas, que los militares también sean corrompidos por los traficantes? El caso Messi es un símbolo de que el Estado fracasó frente al monumental poder de la droga y de los policías corruptos. Es el resultado previsible de un Gobierno errante, ocupado solo en pobres anécdotas, preocupado por lo que a nadie le importa.

Autor: 287329|
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