Por Nicolás Bordón- Según el último Relevamiento Socioeconómico 2025 elaborado por el ICEDeL, el sector agropecuario concentra apenas el 1,7% del empleo directo dentro del área urbana de Rafaela, confirmando su bajo peso relativo frente a los servicios, el comercio y la industria.
Sin embargo, esa cifra no refleja la real incidencia del agro en la dinámica económica local, ya que gran parte de su aporte se expresa de manera indirecta, a través de cadenas agroindustriales, logísticas y de servicios asociados.
En ese marco, cualquier modificación normativa sobre el trabajo agrario impacta más allá del número de trabajadores registrados: redefine costos, modalidades de contratación y niveles de formalización en un sector históricamente atravesado por altos niveles de informalidad. A nivel nacional, se estima que más de un millón de personas trabajan en actividades rurales, aunque el registro formal nunca superó los 300 mil puestos, una brecha estructural que el proyecto oficial busca corregir.
Desde una mirada sociológica, Pierre Bourdieu advertía que las normas laborales no solo regulan relaciones económicas, sino que producen «estructuras duraderas de expectativas» en empleadores y trabajadores. En ese sentido, el cambio de reglas no es neutro: redefine qué se considera empleo legítimo y qué riesgos se distribuyen entre capital y trabajo.
Incentivos a la formalización y reducción de costos laborales
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es el llamado Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, que prevé una reducción de contribuciones patronales por hasta 48 meses para quienes generen nuevos puestos de trabajo o blanqueen empleo no registrado, incluyendo expresamente al Régimen de Trabajo Agrario.
Para el agro, esto supone un alivio concreto en los costos laborales, históricamente señalados como una de las barreras para la registración plena. Además, el proyecto contempla condonaciones de multas y planes de pago para regularizar situaciones preexistentes, un punto clave para pequeños y medianos productores.
No obstante, como advierte Robert Castel en «La metamorfosis de la cuestión social» (1995), los procesos de flexibilización y estímulo económico pueden derivar tanto en inclusión como en nuevas formas de precariedad, dependiendo de la capacidad del Estado para fiscalizar. En una ciudad con un mercado laboral tensionado y creciente informalidad, el desafío será que la rebaja de aportes no se traduzca en una pérdida de protección efectiva para los trabajadores rurales. Es decir, facilitar la consolidación de empleo registrado, sin estabilizar la precariedad existente.
Nuevas reglas para contratos, remuneraciones y responsabilidades
El proyecto también introduce modificaciones específicas al Régimen de Trabajo Agrario. Entre ellas, redefine la situación de las cuadrillas y contratistas, delimitando con mayor precisión la responsabilidad solidaria entre quien registra al trabajador y la empresa usuaria del servicio. Este punto resulta especialmente sensible en actividades rurales donde la tercerización es frecuente.
Asimismo, se extiende a ocho meses el período de prueba para los contratos agrarios permanentes y se mantienen los esquemas de negociación colectiva para la determinación de remuneraciones, con el piso del salario mínimo vital y móvil como referencia ineludible. También, se refuerzan criterios para la remuneración por rendimiento, contemplando situaciones climáticas adversas, una variable estructural del trabajo rural.
Desde la perspectiva de Manuel Castells, estos cambios pueden leerse como parte de una reconfiguración más amplia del vínculo entre Estado, mercado y trabajo, donde la búsqueda de competitividad convive con el riesgo de fragmentar trayectorias laborales. En territorios como Rafaela, con fuerte identidad productiva y tradición agroindustrial, el equilibrio entre eficiencia económica y cohesión social será determinante.
Un debate abierto para el agro local
Aunque el peso estadístico del empleo agropecuario urbano sea reducido, la reforma laboral interpela de lleno a uno de los pilares históricos de la economía regional. Para productores, implica oportunidades de reducción de costos y regularización; para trabajadores, la promesa de mayor formalidad, pero también la incertidumbre frente a nuevas condiciones contractuales.
El verdadero impacto de la reforma no se jugará solo en el texto de la ley, sino en su implementación concreta y en la capacidad de los actores locales de apropiarse de las herramientas sin erosionar derechos. En una ciudad donde el empleo muestra signos de precarización y presión creciente sobre el mercado laboral, el debate sobre el trabajo agrario vuelve a poner en el centro una pregunta de fondo: qué modelo de desarrollo productivo y social se quiere construir para el futuro de Rafaela.
