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Editorial

Activemos la solidaridad

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La Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas, dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina, lleva adelante este fin de semana la 52ª edición de su Colecta Anual Más x Menos en iglesias y colegios de todo el país. El lema de este año es «Entre todos, renovemos la esperanza».
A lo largo del año, lo recaudado sirve para atender mayormente las necesidades de las poblaciones más pobres del interior del país. Los obispos describen la colecta como un espacio para compensar la falta de equidad social, una herramienta para llegar con un mensaje de vida y amor solidario a todos, con el fin de contribuir a formar ciudadanos responsables, honestos y justos. Cada vez más lo recaudado alcanza para menos, habida cuenta del aumento de las demandas en estos años de pandemia que jaquearon aún más la economía. Pero sabemos que la buena administración y la transparencia en la rendición de cuentas potencian cada peso en su mejor destino.
Algunos nos cansamos de ver manos extendidas que piden nuestra ayuda; nos incomoda que nos toquen el timbre o se acerquen a nuestro auto pidiendo ropa o alimentos, sin comprender la dimensión del ciclón que arrasa con la vulnerabilidad de muchos, incluso de aquellos que hasta no hace mucho habían logrado resistir. También nos quejamos airadamente por la falta de llegada del Estado para atender tantas necesidades, convencidos de que el dolor de otros nos es ajeno. ¿Podemos continuar aislados inmersos en nuestras burbujas de confort? ¿Podemos desentendernos argumentando, en muchos casos con razón, que la culpa del actual estado de cosas no es nuestra? ¿En qué medida podemos vestirnos de indiferencia? La grieta, esa que se yergue como protagonista de infinitos debates, es en realidad ese abismo que denuncia la realidad del que tiene sus demandas básicas insatisfechas abruptamente separada de quien puede dormir bajo un techo, con el estómago saciado y un proyecto de futuro que acunar en sus sueños.
Dos realidades y una única salida posible: entre todos. Activemos la solidaridad, la entrega de tiempo y de dinero para mitigar el dolor de un compatriota, muchas veces de corta edad, para quien el mañana no existe si no depende de nosotros. En esa entrega, cada uno recibe más de lo que dio, en un circuito de generosidad que las buenas causas motorizan llenando de alegría el corazón de sus propulsores. Las necesidades son demasiadas, urge aumentar las contribuciones. Solo juntos podremos renovar la esperanza de quienes la han extraviado.
editorial@diariocastellanos.net

Editorial

Vivir en otros

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Esta semana se conmemoró el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes. Por disposición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se trata de una celebración que tiene como propósito incentivar en todas las personas del mundo el querer ser donantes y así salvar la vida de otras personas menos afortunadas en lo que respecta a la salud física.
Ser donante de órganos siempre se ha pensado que es correr un riesgo. Hoy en día, además, persisten muchas creencias que impiden a los individuos del mundo pensar en ser donantes. En realidad, ser donante de órganos no es correr un riesgo, sino más bien convertirse en una salvación para otros.
Son muy poco comunes los casos en los que se extirpa un órgano o tejido a una persona viva, y cuando esto ocurre casi siempre se trata de individuos pertenecientes a un mismo núcleo familiar.
Por lo tanto, la mejor manera de poder conmemorar este día es el de destruir los mitos que encierra la donación de órganos y tejidos.
En las últimas décadas el trasplante de órganos se ha consolidado como tratamiento médico para dar respuesta a determinadas patologías. El avance de la ciencia en este campo se ve reflejado en la cantidad de trasplantes que se realizan en el país, que permiten salvar y mejorar la calidad de vida de miles de personas.
A diferencia de otras prácticas médicas, el trasplante requiere de la participación y el compromiso de la sociedad. Nuestro país cuenta con médicos de excelencia y con centros sanitarios adecuados, pero más allá de estas ventajas el trasplante no sería posible sin la donación de órganos.
El trasplante es en nuestro país una realidad cotidiana. El INCUCAI (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante) afirma que los medios de comunicación juegan desde hace tiempo un rol clave en relación con el tema, brindando su apoyo, informando, generando conciencia y conocimiento verdadero.
Este aporte resulta de suma importancia teniendo en cuenta que el trasplante de órganos es una temática que puede resultar sensible ya que implica pensar en la propia muerte y tomar una decisión que puede cambiarle la vida a otras personas.
Días pasados, una carta de la mamá de Lucas Pierazzoli, rugbier recientemente fallecido en un partido, conmovía a los lectores. Esa mujer, atravesada por el dolor, tenía la capacidad de agradecer toda la ayuda recibida por su hijo en las breves horas anteriores a su muerte. Un hijo que dejaba un enorme legado y que confirma también los valores que transmite un deporte muchas veces injustamente cuestionado.
La voluntad de Lucas, donante de órganos de 28 años que se registró como muchos sin conocer su fecha de partida, era la de dar vida a otros cuando no estuviera. Quienes lo conocían destacan que era una persona preocupada por quienes lo rodeaban, sumamente bondadosa. Su gesto habría quedado trunco si su familia no hubiera tenido la disposición y la entereza necesaria para promover las ablaciones. De nada sirve registrarse como futuro donante si al doloroso momento del fallecimiento la familia no acompaña en los hechos la decisión.
En momentos dolorosos, aceptar la voluntad del ser querido es literalmente vital para muchos.
Gracias a la disposición y aceptación de la familia de Lucas, su hígado salvó la vida de una persona en el Hospital Italiano. Sus riñones también funcionan ya en otra. No hay que olvidar que los órganos de un donante pueden salvar hasta siete vidas en una coordinada estrategia entre organismos oficiales como el Incucai, la comunidad científica, los pacientes y los líderes de opinión de una sociedad.
La pandemia promovió la conciencia sobre el valor de registrarse (www.argentina.gob.ar/manifestar-la-voluntad-de-donacion-de-organos-y-tejidos), más allá de que todos somos donantes, a menos que manifestemos lo contrario, a partir de la ley del donante presunto, conocida como ley Justina, sancionada en 2018. Afortunadamente, los protocolos sanitarios diseñados en la emergencia sirvieron para que los trasplantes no se detuvieran. A la fecha, casi 7.000 personas aún aguardan un órgano para salvar su vida. Gracias a Lucas. Gracias a su familia. Gracias por la vida.
editorial@diariocastellanos.net

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Editorial

Insistir en el error

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Nadie duda del carácter esencial que ha adquirido el acceso a internet en nuestros días, lo que se vio reforzado por la pandemia de Covid-19, que aceleró los procesos de teletrabajo, teleeducación y telesalud, entre otros. Erróneamente, el Gobierno cree que de tal importancia se deduce la necesidad de considerar la prestación del servicio de acceso a internet (y además, a la telefonía móvil y a la TV por suscripción) un servicio público, concepto que tradicionalmente ha estado reservado a actividades prestadas bajo un régimen de monopolio y no a actividades que se brindan en competencia, como las mencionadas.
La vocación de controlar y dirigir en todos sus aspectos a la actividad empresaria es una constante del actual Gobierno, que insiste con iniciativas estatistas perimidas que siempre terminan empeorando los problemas que venían a solucionar. El servicio público conlleva un importante grado de dirección estatal en la organización y provisión de los servicios y, particularmente, en el control de sus precios, lo que por ahora parece ser el objetivo de esta calificación.
Primero fue el decreto de necesidad y urgencia 690, de agosto de 2020. Puesta en crisis su legalidad por la Justicia –que dictó cinco medidas cautelares suspensivas de sus efectos–, el Gobierno vuelve a la carga con un proyecto de ley impulsado por el senador Alfredo Luenzo (FDT-Chubut), que transforma casi literalmente en ley a aquel decreto y que se trata actualmente en comisión, juntamente con otras iniciativas de los senadores Antonio Rodas (FDT-Chaco), Daniel Lovera (FDT-La Pampa), Silvia Sapag (FDT-Neuquén), Juan Carlos Marino (JxC-La Pampa) y Gladys González (JxC-Buenos Aires).
No hay consenso en la doctrina sobre las consecuencias derivadas de la calificación de una actividad como servicio público, aunque sí lo hay en que debe tratarse de una actividad indispensable para la vida social. En este sentido, cabe señalar una vez más que la TV por suscripción, existiendo la televisión abierta gratuita, no cumple con ese requisito, lo que es otra evidencia de la falta de racionalidad de la determinación presidencial. En la TV paga, al igual que en el servicio de internet, no se trata de aprovechar un recurso escaso, sino que la infraestructura depende de la inversión.
De acuerdo con las propias estadísticas del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y estudios de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), la Argentina cuenta por cobertura y velocidad con la segunda mejor internet de Latinoamérica, solo superada por Uruguay. Un estudio de Carrier y Asociados demuestra que es la más barata luego de Paraguay, lo que deja sin sustento el falaz relato presidencial de la estafa y el robo que supuestamente significaban sus precios.
Si el servicio público implica excluir del mercado una actividad, es contradictorio que se haga al mismo tiempo una defensa de la competencia, ya que no hay competencia sin mercados. El diseño constitucional en materia de regulación económica fue actualizado en la última reforma de 1994, reafirmando la presencia de un modelo basado en la propiedad privada de los medios de producción, el libre mercado y la defensa de la competencia. Nuestra Constitución considera que la libre competencia es un derecho de los consumidores. Según su texto, las autoridades proveerán a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de los monopolios naturales y legales. La justificación para la intervención legal en un mercado reconoce en nuestra Constitución dos hipótesis: la «distorsión de los mercados» y la presencia de «monopolios». Ni el DNU 690 ni los proyectos de ley en cuestión respetan esos presupuestos.
Urge revertir esta nefasta política antes de que las consecuencias sean aún peores. Generar incentivos a la inversión mediante reglas simples, eliminar barreras municipales al despliegue de infraestructura, incentivar su compartición y revisar la tributación del sector permitirán lograr de modo más rápido y eficiente la reducción de la brecha digital.
De acuerdo con el Informe Anual del Índice de Desarrollo de la Banda Ancha en América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo, correspondiente a 2020, para el cierre de la brecha digital, llevando la actual penetración de servicios en la Argentina al promedio de la OCDE se necesita una inversión de 4.691 millones de dólares. El Estado anunció el año pasado una inversión en cuatro años de 40.000 millones de pesos, unos 400 millones de dólares al tipo de cambio oficial, menos del 10% de lo necesario. La inversión privada, por ende, es clave para el logro de ese objetivo y mayor intervencionismo e incertidumbre, sumados a los problemas macroeconómicos, van en sentido contrario al que se necesita para cerrar dicha brecha.
editorial@diariocastellanos.net

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Editorial

Siempre más, nunca menos

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Aunque parezca una verdad de Perogrullo, buena parte de nuestra dirigencia política, empezando por quienes hoy ocupan funciones de Gobierno, parece desconocer que la mejor garantía para enfrentar la pobreza es generando más trabajo, nunca menos. Sin embargo, siguiendo las rancias y obsoletas recetas del populismo, nuestros gobernantes tienden a pensar que, para disminuir los niveles de pobreza y desempleo, es preciso prohibir los despidos, encarecer aún más las indemnizaciones, extender planes sociales absolutamente improductivos, poner en marcha jubilaciones anticipadas, reducir jornadas laborales y multiplicar los feriados.
El día que la clase dirigente comprenda que la mejor forma de proteger el empleo no pasa por la rigidez de leyes que tienden a prohibir los despidos, sino por la educación y la capacitación permanente -principales fuentes de igualdad de oportunidades- y por los incentivos a la contratación laboral, nuestro país dará su primer paso hacia el pleno empleo. La no muy lejana noticia sobre las dificultades que experimentó la compañía Toyota para encontrar 200 trabajadores con título secundario para su planta automotriz de Zárate habla a las claras.
Recientemente, el presidente Alberto Fernández, durante la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción, pidió a los empresarios que no piensen en el costo de una indemnización el día de un despido, sino en el trabajo que se genere. Y concluyó: «Yo le digo sí al trabajo y le digo no al desempleo».
El primer mandatario deberá entender que no será con irresponsables expresiones voluntaristas cómo se generará trabajo, ni tampoco eludiendo o pretendiendo desconocer los excesivos costos laborales y la falta de flexibilidad de nuestra legislación del trabajo a la hora de contratar trabajadores, sumada a las derivaciones de la perniciosa industria del juicio laboral. El proyecto de ley que presentó conjuntamente con la CGT y la CTA, y que fue enviado al Congreso, impulsa lo que podría constituir un nuevo y grave obstáculo, al proponer comisiones mixtas para discutir condiciones en empresas privadas que superen los 100 empleados.
Resulta imposible para cualquier empleador sustraerse de los costos directos e indirectos que implica toda contratación laboral. Entre ellos, el de las eventuales indemnizaciones por despidos, hoy duplicado por una norma que los prohíbe y obliga a la empresa que los lleve a cabo a pagar el doble.
Discutir si hay que otorgarle mayor o menor protección al trabajador y a su fuente de trabajo es equivocar la estrategia para avanzar hacia el crecimiento del empleo. De lo que se trata no es de proteger más al trabajador, sino de protegerlo mejor, para lo cual es vital no hipotecar la capacidad patrimonial de las empresas, y en particular de las principales generadoras de empleo, que no son otras que las Pymes.
El debate debería centrarse en cómo potenciar la inversión productiva por parte del sector privado, lo que torna indispensable estimular la contratación laboral, además de generar confianza basada en la seguridad jurídica y la previsibilidad en materia económica.
En los últimos días, se conocieron varias iniciativas para reformular el vetusto régimen de indemnización por despido que nos rige, y que se suman a una dada a conocer por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Al mismo tiempo, la dirigente Elisa Carrió abogó públicamente por terminar con la indemnización por despido porque «funde a las Pymes».
Un proyecto del senador nacional Martín Lousteau (JxC) propició la creación de un Fondo Nacional de Cese Laboral en el ámbito de la Administración Nacional de Seguridad Social. Al igual que la iniciativa dada a conocer por Rodríguez Larreta, apunta a la constitución de un seguro de desempleo, al estilo del que existe en la actividad de la construcción, que reemplace el oneroso pago de una indemnización por despido. El sistema propuesto contempla un aporte obligatorio del empleador y le ofrece al empleado la ventaja de que no solo se llevará el equivalente a un mes de sueldo por cada año de antigüedad en caso de ser despedido, sino también en ocasión del cese de la relación laboral por cualquier otro motivo.
El altísimo índice de desempleo en la Argentina ronda actualmente los dos dígitos. De acuerdo con los datos del Indec, al segundo trimestre de este año, la tasa de desocupación alcanzó el 9,6%, al tiempo que la subocupación llegó al 12,4%. Se trata de un dato engañoso, ya que prescinde de un porcentaje muy significativo de personas que han dejado de buscar trabajo, básicamente por carecer de esperanzas de encontrarlo, y que si se tomara en cuenta engrosaría el total de desempleados.
editorial@diariocastellanos.net

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