En el marco de un complejo operativo fiscalizado de cerca por el Ministerio de Seguridad Nacional, orientado al combate continuo contra el crimen organizado a lo largo y ancho del país, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una organización delictiva relacionada con el frustrado ilícito en una reconocida sucursal bancaria ubicada en el partido bonaerense de San Isidro y que, además, proyectaba nuevos asaltos en diferentes bancos de la Ciudad y provincia de Buenos Aires. La pesquisa dio lugar a la realización de un total de 19 allanamientos, los cuales permitieron detener al cabecilla de la estructura y a otros dos sujetos también sospechados de una serie de robos perpetrados en inmuebles de alto poder adquisitivo.
La génesis de esta causa ocurrió en agosto de 2024, cuando un transeúnte halló accidentalmente una varilla metálica en plena vía pública. A partir de ello, efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires montaron un procedimiento e inmediatamente descubrieron la existencia de un túnel clandestino de unos 150 metros de extensión, el cual partía desde un local comercial y se dirigía hacia las bóvedas de la referida filial bancaria ubicada sobre la calle Chacabuco al 400.
Cabe recordar que en aquel momento se había logrado la identificación y posterior arresto de los autores materiales de dicha excavación, tratándose de cuatro hombres de nacionalidad uruguaya y de otro sujeto, apodado “Johny”, que habría sido el encargado del traslado fluvial clandestino en el vecino distrito de Tigre.
La investigación de entonces no logró reunir las evidencias requeridas en relación con el origen y formas de financiamiento de la banda en cuestión, ni tampoco individualizar a aquellas personas que participaron en el alquiler del domicilio utilizado para crear el paso subterráneo.
Exactamente un año después, se realizó una presentación digital formalizada ante el Ministerio de Seguridad Nacional que ponía en conocimiento la existencia de una estructura criminal compuesta tanto por ciudadanos argentinos, uruguayos e italianos que no solo tenía vinculación directa con el malogrado robo en San Isidro sino que, además, planificaba un nuevo golpe de idéntica naturaleza en otras dos sedes de la misma entidad bancaria: una de ellas emplazada sobre la calle Quintana, en el barrio porteño de Recoleta, y la restante situada en la localidad bonaerense de Chivilcoy.
Intervenciones y refuerzo de controles
Como consecuencia de esa revelación y producto de diversas tareas desarrolladas por el Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado (DICCO), perteneciente a la Dirección General de Inteligencia Criminal, se logró obtener mayores detalles respecto al plan diseñado por los sujetos. Por ello, la sucursal bancaria ubicada en Recoleta incrementó sus controles de seguridad y en octubre de 2025 mudó preventivamente sus instalaciones, circunstancia que frustró definitivamente el golpe.
Con el aval de la Fiscalía de San Isidro, a cargo del Dr. Patricio Ferrari, los agentes de la Policía Federal Argentina emprendieron una minuciosa pesquisa con la finalidad de establecer la identidad de quienes programaron los nuevos robos. Paralelamente, los trabajos se focalizaron en comprobar las modalidades de ejecución de la obra del túnel y esclarecer las responsabilidades penales de cada uno de los involucrados.
Por medio de pormenorizados análisis de telecomunicaciones, cruces de identificadores de tarjetas SIM, números de serie de los aparatos (IMEI), registros de antenas y relevamientos técnicos de las celdas de cobertura de telefonía móvil, se pudo determinar un patrón de ocultamiento sistemático que consistía en encubrir la verdadera identidad de los usuarios y eludir a la justicia: así, la banda utilizaba líneas telefónicas inscriptas a nombre de terceros, de reconocidos exfutbolistas y de celebridades del espectáculo.
En ese aspecto, el monitoreo sistemático de los abonados telefónicos permitió captar comunicaciones directas entre los líderes del grupo, operadores logísticos e internos de dos establecimientos penitenciarios de la provincia de Buenos Aires. Además, se analizaron videos del suceso de 2024 (túnel), bases de datos, antecedentes de propiedades, registros de empresas y de multas de tránsitos y se ejecutaron varios seguimientos tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano bonaerense.
Gracias al conjunto de estas labores, se constató un ardid que contemplaba la defraudación en contrataciones inmobiliarias (a través de las mencionadas suplantaciones de identidades) para formalizar, de esa manera, contratos de locación de los inmuebles base para el comienzo de las excavaciones. Del mismo modo, se detectó una infraestructura e ingeniería subterránea basada en el empleo de elementos técnicos propios de la minería o la construcción civil, tales como encofrados, sistemas de ventilación forzada, rieles de extracción de material y acopio de áridos, lo que evidenciaba la participación de especialistas técnicos en la materia.
Asimismo, se identificó a un hombre como el cabecilla y organizador principal de la estructura delictiva, el cual contaba con frondosos antecedentes por el robo a un renombrado banco de Avenida Callao, hecho acontecido en el año 2010. Por otro lado, se individualizó a un masculino acusado de ser partícipe primario, socio y operador logístico vinculado a firmas comerciales y oficinas operativas en Capital Federal; y a otro individuo apodado “El Tano” y/o “El Primo Italiano” que se habría encargado de la suscripción de contratos fraudulentos, sumado a la coordinación logística internacional y operando mancomunadamente con dos ciudadanos uruguayos conexos a la dirección material de las excavaciones en el terreno.
La organización se completaba con la intervención de otro sospechoso oriundo de Uruguay, el cual se relacionaba con la colaboración de especialistas técnicos y funcionales especializados, entre los que se encontraban otros tres individuos; uno de ellos identificado como Marcelo D’Alessio, quien se hacía pasar por abogado y que actualmente se halla condenado por delitos de extorsión, inteligencia ilegal, asociación ilícita y amenazas (esto último en perjuicio de la actual Senadora Nacional Patricia Bullrich).
Respecto a ellos, se los apunta también como partícipes de una serie de robos en departamentos de alto poder adquisitivo, maniobras que habrían contado con la presunta connivencia de cerrajeros y personal doméstico.
19 allanamientos en el AMBA con tres detenidos
El cúmulo de pruebas posibilitó identificar a toda la cadena de financiamiento, testaferros y asesoramiento técnico que sostenía al grupo delictivo. Por lo expuesto, el Juzgado de Garantías N°1 de San Isidro a cargo del Dr. Ricardo José Costa ordenó la realización de 19 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires; en las localidades de Ciudad Evita, Ramos Mejía, Rafael Castillo, Ituzaingó, Merlo, Avellaneda, Villa Domínico, La Plata, Turdera; en la Unidad Penitenciaria N°2 de Sierra Chica y en el Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza.
Durante los procedimientos, realizados conjuntamente con personal de la Dirección General Fuerzas de Operaciones Especiales, Dirección General de Orden Urbano y Federal; un operador de un V.A.N.T del Departamento Tecnológico de Video Operativo; las Divisiones Unidad Operativa Federal (DUOF) Ezeiza y Olavarría y la División Automotores; se logró la detención de tres hombres (dos argentinos y uno uruguayo) y la identificación de decenas de sujetos ligados a la causa.
Además, se secuestraron diferentes equipos de telefonía celular, computadoras portátiles, dispositivos de almacenamiento, taladros, percutores, amoladoras, prendas de vestir que presentarían características coincidentes con las utilizadas por uno de los delincuentes durante el intento de robo en el banco de San Isidro y una amplia documentación de interés para la justicia.
Los detenidos, mayores de edad, quedaron junto con el resto de imputados a disposición del magistrado interventor por los delitos de “Robo agravado en tentativa” y “Daño agravado por ser ejecutado en cosas de valor científico, cultural o en bienes de uso público”, aguardando así las actuaciones procesales de rigor.
La Policía Federal Argentina recuerda que la ciudadanía puede denunciar hechos que pudieran constituir delitos federales ante la División Denuncias de Delitos Federales, que brinda atención al público las 24 horas, todos los días del año, en Moreno 1550, planta baja, oficina 24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se reciben consultas y denuncias a través del teléfono 4370-5876 y del correo electrónico [email protected]. Tu información puede ser fundamental para contribuir a la prevención e investigación de estos delitos.



