El ejercicio de la representación pública también puede revelar contradicciones difíciles de soslayar. En ocasiones, alcanza con observar la distancia entre lo que un dirigente sostiene en su discurso y las responsabilidades que efectivamente asume. Esa diferencia adquiere especial relevancia cuando quien exige explicaciones dispone, al mismo tiempo, de un espacio institucional para participar de los procesos que cuestiona. La reciente intervención del concejal Fabricio Dellasanta, representante de La Libertad Avanza, parece reflejar con claridad esa distancia.
A través de un pedido de informes, el edil formuló numerosos cuestionamientos sobre la restauración de la histórica Recova Ripamonti, una intervención destinada a recuperar una parte fundamental del patrimonio arquitectónico de Rafaela. Lo llamativo, sin embargo, no radica tanto en sus críticas como en un aspecto mucho más revelador: su ausencia en las reuniones ordinarias donde se analizaron y supervisaron los avances de la misma obra que ahora pone bajo sospecha.
Dellasanta integra la Comisión de Preservación y Defensa del Patrimonio Arquitectónico y Urbano. Sin embargo, el listado consolidado de actas de 2026 revela un dato significativo: de los doce encuentros registrados, su nombre aparece solamente en uno. Fue el 14 de agosto, durante un taller informativo denominado “Repensar el Patrimonio Urbano”, realizado junto a la Comisión de Desarrollo Urbano.
Aquella única participación, además, no correspondió a una sesión ordinaria de seguimiento de la restauración, sino a un taller informativo de carácter general. De hecho, Dellasanta no figura entre los asistentes a ninguna de las reuniones ordinarias documentadas en las que se analizaron los avances de la Recova. En esos encuentros se discutieron cuestiones técnicas, decisiones constructivas y aspectos patrimoniales que posteriormente se convirtieron en objeto de sus cuestionamientos públicos.
En esa distancia entre el ejercicio de la crítica y la participación institucional reside el núcleo de la controversia. Una cosa es formular observaciones después de participar de las instancias correspondientes y otra, sustancialmente distinta, es ausentarse de esos espacios para luego cuestionar el mismo proceso.
La controversia como método político
Entre los cuestionamientos incluidos en el pedido de informes, Dellasanta puso bajo discusión la calidad de los materiales utilizados y determinados criterios constructivos de la restauración. Las observaciones provocaron una firme respuesta de Ricardo Mandrile, responsable de la empresa encargada de los trabajos, quien defendió las decisiones técnicas adoptadas y aseguró que se emplean materiales de primera calidad, seleccionados de acuerdo con las características de cada intervención y su disponibilidad. “Esto acá no se puede tomar a la ligera. Hablamos de años de historia, y con años de historia no cualquiera puede opinar”, sostuvo el empresario, al remarcar la complejidad de trabajar sobre un inmueble de semejante valor patrimonial.
Mandrile explicó que los trabajos atraviesan una etapa de terminaciones, durante la cual se realizan ajustes y revisiones propios de una intervención de estas características. También distinguió la recuperación de estructuras originales de aquellos sectores donde corresponde realizar réplicas. Sus explicaciones aportan una perspectiva técnica que permite comprender las particularidades de una restauración patrimonial, en la que las diferencias de criterio forman parte del proceso de trabajo. En ese contexto, la existencia de observaciones sobre determinados aspectos de la obra no constituye, por sí misma, evidencia de una irregularidad.
El episodio protagonizado por Dellasanta también permite reflexionar sobre una modalidad de construcción política que privilegia la confrontación y la producción constante de controversias. Cuando la exposición pública adquiere mayor protagonismo que los mecanismos institucionales de trabajo, el debate corre el riesgo de desplazarse desde la búsqueda de soluciones hacia la disputa por la visibilidad. La diferencia resulta fundamental: el control democrático procura esclarecer, supervisar y corregir lo que sea necesario, mientras que la confrontación convertida en una finalidad puede debilitar los procedimientos que pretende defender.
La recuperación de la Recova merece, por lo tanto, un debate serio, sostenido en información verificable y criterios patrimoniales claros. Exigir explicaciones forma parte de las atribuciones legítimas de cualquier concejal, pero ese derecho no reemplaza las responsabilidades propias de la representación institucional. Tampoco se trata de exigirles a los opositores que acompañen al Ejecutivo o renuncien a sus diferencias, sino de reconocer que el ejercicio de esas funciones comprende también el trabajo cotidiano en los espacios que les corresponde ocupar.
En el caso de Dellasanta, los registros de asistencia dejan planteada una contradicción difícil de soslayar: mientras cuestiona públicamente el desarrollo de la restauración, no figura entre los participantes de las reuniones ordinarias donde se evaluaron sus avances. El ejercicio del control institucional no comienza con la presentación de un pedido de informes, sino mucho antes, a través de la participación activa en los espacios donde las decisiones públicas se analizan, discuten y supervisan.
