La Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) activó una señal de alarma nacional: su interventor, Marcelo Petroni, pidió a la Secretaría de Trabajo la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) para intentar frenar un colapso financiero que amenaza la continuidad del servicio para más de 700 mil afiliados. El endeudamiento roza los $96.000 millones y el déficit mensual llegó a superar los $5.800 millones.
El planteo oficial admite un fuerte desborde administrativo y económico. Según la intervención, OSPRERA supera por más del doble el límite legal de gasto burocrático y mantiene una estructura de casi 1.200 empleados, un cuarto de los cuales no registra tareas asignadas. El PPC permitiría un ahorro superior a $10.500 millones y, aseguran, no afectaría prestaciones médicas esenciales.
El plan de emergencia incluye medidas de impacto: la eliminación de 638 puestos de trabajo, liquidaciones finales por casi $21.000 millones y un esquema de indemnizaciones a pagar en 12 meses. Además, se solicita la exención de cargas sociales por un año para facilitar la reestructuración. En paralelo, se proyecta una modernización tecnológica que incorpora receta electrónica, telemedicina 24 horas y digitalización de trámites para reducir costos y mejorar la eficiencia.
Las auditorías ordenadas por los decretos 720/2024 y 1045/2024 revelaron incumplimientos graves de la normativa vigente, contratos considerados “leoninos” con UATRE y un gasto administrativo que trepa al 17% de los recursos, muy por encima del 8% permitido por ley. También se detectaron superposiciones de funciones y vínculos contractuales que “desviaban” fondos, según detalla la intervención.
El rojo financiero se profundizó en los últimos años: el déficit anual fue de $12.889 millones en 2023 y podría trepar a más de $50.000 millones en 2024. Solo en salarios y cargas sociales, OSPRERA destina alrededor de $4.000 millones mensuales. A ello se suma la nulidad de una rendición de $8.000 millones, que agravó la situación.
La crisis de la obra social se da en un clima de fuerte disputa política y sindical. La intervención designada por el Gobierno enfrenta a la conducción de UATRE, el sindicato rural que lidera José Voytenco, a quien el oficialismo señala por irregularidades administrativas. Voytenco, a su vez, denunció penalmente a funcionarios nacionales y legisladores por supuesta intromisión y un intento de “apropiación” del gremio.
La Secretaría de Trabajo suspendió recientemente el congreso que había reelegido a Voytenco alegando irregularidades, y aunque un pedido de intervención del sindicato fue rechazado por la Justicia, la puja escaló a nuevas causas judiciales. En una de ellas, el fiscal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria del secretario de Trabajo, Julio Cordero, y la Justicia ordenó ampliar la investigación con análisis de llamados y documentación oficial.
En este escenario cargado de tensión, Petroni reclamó que se habilite el Procedimiento Preventivo de Crisis y se convoque a audiencias para aplicar el plan de ajuste. La continuidad del servicio médico para cientos de miles de trabajadores rurales depende, asegura la intervención, de que el Gobierno dé luz verde a estas medidas excepcionales.
