La Provincia de Entre Ríos demandó al Estado Nacional por 154.606.298.614 pesos, reclamando el pago de transferencias previstas en el Consenso Fiscal firmado en 2017, destinadas a financiar el régimen previsional provincial.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró su competencia originaria en la causa. En el fallo suscripto por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se dispuso «correr traslado de la demanda interpuesta contra el Estado Nacional, que se sustanciará por la vía del proceso ordinario, por el plazo de sesenta días».
Entre Ríos se suma de esta manera a las provincias que llevan adelante reclamos contra la Nación por fondos previsionales, y que lograron la intervención de la Corte. Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires mantienen causas activas por deudas acumuladas y el corte del flujo de fondos que afecta directamente a sus cajas de jubilaciones.
En el caso de Santa Fe, la demanda apunta al no pago desde 2020 de las compensaciones que deben recibir las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la ANSES. El gobierno santafesino reclama tanto el stock acumulado de la deuda, estimado en cifras que oscilan entre $800.000 millones y $1,2 billón, como la reanudación inmediata del flujo mensual de fondos interrumpido desde enero de 2024.
En junio de este año, la Corte convocó a una audiencia de conciliación en la que participaron el gobernador Maximiliano Pullaro y ex mandatarios provinciales, todos con una misma consigna: «Defender hasta el último centavo que le corresponde a Santa Fe».
Córdoba, por su parte, avanzó en un entendimiento parcial: logró que la Nación reconociera la deuda y acordara un pago de $60.000 millones en cuotas mensuales durante 2025. Este esquema es observado como un posible antecedente para destrabar otros litigios provinciales.
Finalmente, la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, reclama más de $1,6 billones por transferencias previsionales no giradas. El mandatario bonaerense advirtió que la deuda total de la Nación con su distrito por distintos conceptos supera los $12 billones, y denunció que el Decreto 280/2024 agravó la situación al suspender los envíos.
La acumulación de estos casos pone a la Corte Suprema en el centro de una pulseada que combina finanzas públicas y federalismo. Los fallos que surjan no solo tendrán impacto en las arcas provinciales, sino que también podrían redefinir la relación fiscal entre la Nación y las provincias en materia previsional.
El planteo
En el caso de Entre Ríos, el reclamo supera los 154 mil millones por el déficit previsional de su Caja de Jubilaciones. La Corte ya declaró su competencia originaria y corrió traslado de la demanda. Además, la provincia exige unos $3.000 millones por pagos demorados de excedentes de Salto Grande, lo que suma un componente energético a la disputa.
La acción judicial fue iniciada en abril de 2024 por el gobernador Rogelio Frigerio y el fiscal del Estado Julio César Rodríguez Signes, apuntando al Ministerio de Capital Humano y a la ANSES como responsables del incumplimiento.
A la hora de dirimir qué tribunal intervendrá en el caso, los tres jueces consideraron: «Que toda vez que la Provincia de Entre Ríos -a quien le corresponde la competencia originaria de esta Corte, de conformidad con el artículo 117 de la Constitución Nacional-, demanda al Estado Nacional -con derecho al fuero federal, según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley Fundamental-, la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciando la acción en esta instancia originaria».
Sobre esa base, resolvieron: «I. Declarar que la presente causa corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. II. Correr traslado de la demanda interpuesta contra el Estado Nacional, que se sustanciará por la vía del proceso ordinario, por el plazo de sesenta días».
El fallo dispuso librar oficio al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 25.344 -que se enmarca en un capítulo que regula los juicios contra el Estado Nacional-, y comunicar la decisión adoptada al procurador General Eduardo Casal.
La solicitud de Entre Ríos, en efecto, se apoya en el «Consenso Fiscal» firmado el 16 de noviembre de 2017 por el entonces presidente Mauricio Macri, los gobernadores provinciales y el jefe de Gobierno porteño. En ese pacto, el Estado Nacional asumió, entre otros puntos, una serie de compromisos específicos respecto de las cajas previsionales provinciales no transferidas. Entre ellos, se estableció que debía modificar el decreto reglamentario de la ley 27.260 para eliminar penalizaciones por no armonización de sistemas locales, asegurar que la ANSES continuara liquidando anticipos mensuales, aumentar las partidas presupuestarias en la misma proporción que las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y mantener un mecanismo de anticipos automáticos calculados en base al déficit del año anterior.
Además, se dispuso la creación de un régimen simplificado de remisión de información para determinar el resultado financiero corriente de cada sistema provincial.
El caso santafesino
Santa Fe, por su parte, sostiene un reclamo ante la Corte Suprema por el no pago desde 2020 de la compensación que Nación debe hacer a las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias.
El estado nacional reconoce la existencia de la deuda, pero hay dos puntos centrales en discusión: el stock acumulado – cuya magnitud aún no está fijada con precisión – y la interrupción del flujo de fondos desde enero de 2024, lo que Santa Fe atribuye al incumplimiento del Decreto 280.
Ante una oferta de Nación de $5.000 millones mensuales por seis meses, Santa Fe la rechazó por considerarla insuficiente para compensar el quebranto.
En junio de 2025, se celebró una audiencia en la Corte que el gobernador Maximiliano Pullaro calificó como «buena», subrayando que hubo consenso político y técnico en defender «hasta el último centavo que le corresponde a Santa Fe».
Mientras tanto, se mantiene una medida cautelar para restituir inmediatamente el flujo de fondos interrumpido, sin perjuicio de que siga el litigio para establecer el monto total de la deuda.
