El Senado de la Nación inició este jueves una sesión clave con un extenso temario que incluye la votación de proyectos vinculados al financiamiento universitario, la declaración de emergencia en pediatría, decretos delegados y acuerdos militares.
Uno de los puntos centrales será el proyecto impulsado por rectores que busca convertir en ley el Financiamiento Universitario. La iniciativa contempla la reapertura de paritarias docentes, paralizadas desde octubre pasado; fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico; y la creación de un fondo de $10.000 millones, actualizable por IPC, destinado a promover el ingreso a carreras estratégicas. En la Cámara de Diputados ya obtuvo media sanción con 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones.
Otro debate de peso será la declaración de emergencia en la salud pediátrica por el plazo de un año. El proyecto establece la asignación prioritaria de recursos presupuestarios para equipamiento e insumos, la recomposición salarial inmediata del personal de salud y la derogación de la resolución 2109/25, mediante la cual el Ministerio de Salud modificó el sistema de residencias. En Diputados, la medida fue aprobada con la misma votación que el financiamiento universitario.
En paralelo, la oposición buscará rechazar una serie de decretos delegados que intervinieron o disolvieron organismos públicos. Entre ellos, el 351/2025 (Banco Nacional de Datos Genéticos), el 340/2025 (Marina Mercante) y el 345/2025 (Instituto Nacional del Teatro y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares). También se debatirán los decretos 461/2025, que involucra a Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte; y el 462/2025, que afecta al INTI, INTA, INPI, ARICCAME, INASE e INV, varios de los cuales ya cuentan con presentaciones judiciales.
Con un temario cargado y de alto voltaje político, la jornada legislativa definirá el rumbo de dos áreas críticas: la educación superior y la salud pediátrica, en paralelo a la disputa por el alcance de los decretos del Poder Ejecutivo sobre los organismos del Estado.
