El Estado Argentino ha iniciado un proceso de auditoría sobre el correcto otorgamiento y continuidad de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. La revisión, que abarca a más de un millón de beneficiarios, ya ha comenzado a mostrar sus primeros resultados, con citaciones enviadas a unas 300.000 personas para corroborar si efectivamente cumplen con los requisitos establecidos para acceder al beneficio.
Esta medida llega en un contexto de serias irregularidades detectadas en la asignación de estas pensiones. Durante años, se han registrado casos de personas que cobraban sin tener discapacidades reales, fallecidos que continuaban figurando en los registros como beneficiarios y profesionales de la salud que extendían certificados falsos para justificar otorgamientos indebidos. Situaciones de esta naturaleza ponen en entredicho no sólo la gestión de los fondos públicos, sino también la equidad y la justicia de un sistema pensado para proteger a quienes verdaderamente lo necesitan.
Uno de los casos más insólitos que salió a la luz fue la utilización de una radiografía de un perro en un intento por justificar una discapacidad. También se detectaron personas que cobraban pensiones por amputaciones inexistentes, diagnósticos sin respaldo clínico y adjudicaciones a individuos con simples afecciones menores, como un pie plano. Estos hechos no sólo reflejan un sistema viciado, sino que también atentan contra la dignidad de quienes enfrentan discapacidades genuinas y dependen de esta asistencia para sobrevivir.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha establecido un mecanismo de revalidación de estas pensiones a través de turnos con médicos del PAMI, quienes determinarán si cada caso amerita la continuidad del beneficio. La asistencia a estas evaluaciones es obligatoria, y la incomparecencia sin justificación podría derivar en la suspensión de la prestación. Es un paso necesario en la búsqueda de mayor transparencia, pero también exige un proceso justo y respetuoso con quienes realmente requieren del apoyo estatal.
Es indudable que la depuración de un padrón tan abultado y desprolijo era urgente. Según datos oficiales, en relevamientos recientes se ha verificado que menos de la mitad de los beneficiarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cumplían con los requisitos. En Chaco, apenas el 13,6% de los citados pudo demostrar que merecía seguir percibiendo la prestación. Y en la Ciudad de Buenos Aires, de 1100 personas citadas, 759 no cumplían los criterios o simplemente no se presentaron.
Es importante que este proceso no se convierta en una cacería indiscriminada que termine perjudicando a quienes sí dependen de la ayuda estatal para sobrellevar sus limitaciones. El riesgo de una auditoría de gran escala es que en la búsqueda de «depurar» el padrón se cometan injusticias que dejen a personas vulnerables sin el respaldo que necesitan. Se debe garantizar que la revisión sea rigurosa pero también humana, contemplando las dificultades que algunas personas pueden tener para acceder a las evaluaciones.
El monto actual de la pensión por invalidez laboral asciende a $ 261.160, incluyendo el bono adicional de $ 70.000. En un país con una crisis económica persistente y con una inflación galopante, esta ayuda es vital para miles de ciudadanos que no pueden acceder a un trabajo formal debido a sus limitaciones físicas o mentales.
El fraude en la asignación de beneficios sociales es una problemática que atraviesa a muchas sociedades, pero su combate no debe ser una simple acción administrativa, sino una política de Estado sostenida en el tiempo. No se trata de restringir derechos, sino de garantizar que los recursos se destinen a quienes verdaderamente los necesitan. La falta de control y la corrupción han erosionado la confianza en las políticas sociales, y esta auditoría representa una oportunidad para reconstruirla.
Es necesario un compromiso político y social para que la asignación de pensiones por invalidez sea un derecho efectivo y no una herramienta de clientelismo o fraude. La fiscalización de los recursos públicos debe ser un ejercicio constante, y la transparencia, un principio innegociable. En definitiva, un país que permite que recursos destinados a los más vulnerables sean objeto de estafas y maniobras fraudulentas está fallando en su responsabilidad más básica: la de proteger a quienes más lo necesitan.
