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Sucesos

Preventivas: La tecnología es muy importante, pero…

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Las partes mostrándole al Juez el video del robo a la Farmacia Serra. // CASTELLANOS

Días pasados la Jueza Fortunato decretó la prisión sin plazos para dos jóvenes rafaelinos apoyada en un gran trabajo realizado por las diferentes instancias, contando para ello con el invalorable aporte de las imágenes de cámaras de seguridad. Ayer el Juez Bottero debió realizar un esfuerzo muy grande para tomar idéntica medida con un imputado. Por ello, quizás le puso plazo a la medida instando a la parte acusadora a profundizar la investigación.

El pasado domingo la Jueza de la IPP, Dra. Cristina Fortunato, decretó la prisión preventiva sin plazos de Tomás Agustín Fábbrica y Matías Valentín Acuña, acusados por el fiscal Nicolás Stegmayer de su presunta participación en numerosos hechos ilícitos perpetrados en corto tiempo y con una carga de violencia preocupante. En esa oportunidad, las evidencias aportadas por el representante del MPA estuvieron centradas -fundamentalmente- en un apoyo casi determinante a cuestiones tecnológicas colectadas a lo largo de un corto período desde el momento en que se había iniciado la investigación, debido a que no existían reconocimientos contundentes por parte de las víctimas hacia los encartados.
En los fundamentos de la decisión -a los que Diario CASTELLANOS tuvo acceso- la magistrada señala qué: «En el caso, la probabilidad de autoría de Tomás Agustín Fábbrica y de Matías Valentín Acuña así como la materialidad de los hechos intimados, se evidencia con claridad siempre, claro está, teniendo en cuenta la etapa inicial del proceso que nos encontramos transitando. Hemos de referenciar, que a lo largo de la fundamentación y alegación de la parte acusadora, los elementos conectados y ensamblados, nos permiten estructurar un juicio de probabilidad sobradamente suficiente para tener por configurado el «fumus bonis iuris». Es así que las evidencias reunidas lo han sido principalmente a través de medios técnicos, electrónicos, de comunicación y redes sociales. Ello no ha podido ser desvirtuado por la Defensa. Y más adelante agrega: «Resultan de vital importancia las tomas de las video filmaciones de las cámaras de vigilancia del Centro de Monitoreo, como así también, las pertenecientes a particulares. La suscripta pudo visualizar y analizar la coincidencia entre las prendas, las fisonomías, el medio de movilidad, con las que se exhibieron de las redes sociales, y, ciertamente, con las descriptas por las propias víctimas: buzo gris, y gorra en Fábbrica; buzo oscuro, zapatillas azules, corte de pelo y rasgos físicos en Acuña. Por ejemplo, al ser exhibido a la suscripta las tomas o capturas de las imágenes en el hecho número seis en el cual Acuña dio vuelta su rostro y observó a la cámara, no resulta difícil hallar el parecido fisonómico del rostro y establecer la presencia de Acuña en el hecho».

Muy importante pero…

Ayer, en la Sala N° 2 de la OGJ se desarrolló una audiencia cautelar -la imputativa fue el miércoles a la tarde- presidida por el Juez de la IPP, Dr. Javier Bottero y solicitada por la fiscal Fabiana Bertero. El imputado es Gastón Alejandro N., de 18 años, sindicado junto a un menor de 14 años como autor del robo a mano armada perpetrado en perjuicio del local comercial de Farmacia Serra. Lógicamente la representante del MPA solicitó la aplicación de la prisión preventiva sin plazos para el encartado. Y para obtenerla entendió que se cumplimentaban los tres incisos del Art. 220 del CPP de la Provincia de Santa Fe.
En lo relacionado al caso anterior, la jueza Fortunato indicaba cuáles eran las vías de acceso a las medidas precautorias y sobre el particular hacía referencia a la instrumentalidad, la proporcionalidad y la excepcionalidad. En cuánto a la primera exige que según sea la dosis probatoria requerida para cada momento del proceso, sea menester acreditar apariencia de responsabilidad en el titular del derecho a afectar por la medida cautelar o la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener la probable autoría o participación punible del mismo en el hecho investigado. La evidencia que acredite la responsabilidad del imputado así como la existencia y tipicidad del delito atribuido integra el «fumus bonis iuris» el cual debe utilizarse como presupuesto de imposición de la cautelar y no como fundamento de ella.

Evidencia escasa

Tras la audiencia de GAN -por el hecho de la farmacia- y luego de conocerse la decisión del Dr. Bottero de aplicar una preventiva por cuarenta días recomendándole a la fiscal que profundice la investigación, quedó la sensación que la evidencia era escasa que además también era lo que los asistentes habían podido advertir. Es que la Dra. Bertero -indudablemente porque no contaba con otra cosa- centró su acusación en imágenes de las cámaras de seguridad; en fotos y filmaciones obtenidas por un efectivo policial que al pasar frente a la casa del menor que presuntamente también participó del robo, lo vió vistiendo las mismas prendas que había usado para delinquir; o la presencia de una moto de color rojo similar a la utilizada por los ladrones, estacionada frente a la casa del imputado. La misma que usó su madre luego de la detención para ir a la sede de la PDI a conocer cuál era la situación de su hijo.
Y no mucho más. Ni rueda de reconocimiento, ni indicios de las víctimas respecto a que podrían señalar a los autores sin titubeos; algunas coincidencias con prendas de vestir y cascos secuestrados en los allanamientos; y muy poco más.
Por ello habitualmente ponderamos la actitud de los jueces rafaelinos a los que observamos comprometidos en su función de impartir justicia. Y desestimamos absolutamente los dichos de aquellos repitentes de frase hechas que hacen referencia a la tan mentada «puerta giratoria» qué, obviamente aquí en Rafaela no existe.
Ayer notamos -aunque estamos convecidos que entendió que alcanzaban por el momento las evidencias aportadas- que hubo una actitud «colaboracionista» del magistrado para que se profundice la investigación con el presunto autor detenido. Y también entendemos que en algunos casos y cuando son contundentes las cuestiones tecnológicas sirven y mucho para que los jueces puedan actuar. Ahora también decimos que esas evidencias deben tener el grado de contundencia mínimo necesario para que la decisión del juez no aparezca como «descolgada» para las otras partes intervinientes en el proceso.

Sólo el joven condenado

También ayer se desarrolló primero una audincia imputativa y luego un juicio de procedimiento abreviado que finalmente fue homologado por el Juez de la IPP Javier Bottero.
En esa instancia el fiscal Nicolás Stegmayer acusó a Rodrigo Agustín Martínez por el delito de tenencia indebida de arma de fuego de guerra.Al joven le hallaron durante un allanamiento en su vivienda, una pistola calibre 9mm y una escopeta las que tenía bajo su esfera de custodia.
Tras la imputación se hizo el abreviado ya que las partes -Stegmayer y el abogado defensor Lucas Agosti- acordaron una pena únicamente para el sujeto -estaba acompañado de su pareja que luego fue dejada en libertad- de tres años de prisión condicional, teniendo en cuenta que no registra ningun tipo de antecedentes. Como quedó dicho la joven que también había sido detenida recuperó inmediatamente la libertad.

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