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¿Por qué Santa Fe estalló de esta manera?

Publicado el

- 04:08 am

Última actualización: 26 de Febrero de 2020 - 10:39 pm

El dato es contundente: hasta mediados de febrero se produjeron 63 homicidios en la Provincia de Santa Fe. En 2019, en el mismo lapso, hubo 37. Es el segundo peor registro de los últimos 10 años. Supera al 2013, detrás trágico 2014. Algo pasó. Algo pasa.

(Por Osvaldo «Coni» Che­rep) Salgamos de las especulaciones políticas. Salgamos de las miradas sectoriales y pongamos todos los elementos sobre la mesa. Tracemos una línea a finales de noviembre de 2019 y establezcamos ese punto de partida. Hasta ese momento la situación era grave. Pero las estadísticas criminales bajaban: el 2019 había sido el más pacífico de los últimos 10 años. Y el 2018 había sido mejor que el 2017. Y la policía de Santa Fe, con todos sus problemas internos y externos, tenía un plan. Sus oficiales reconocían los mandos. Se había aumentado la presencia en la calle. Había nuevos vehículos. Funcionaba un sistema de monitoreo preventivo. La situación, repito, era grave. En dos meses, se volvió gravísima.

¿Que pasó en la provincia de Santa Fe, y particularmente en Rosario y La Capital, para que la violencia recrudeciera del modo en que lo hizo? El dato es contundente: Hasta mediados de febrero se produjeron 63 homicidios en la provincia de Santa Fe. En 2019,en el mismo lapso, hubo 37. Es el segundo peor registro de los últimos 10 años. Supera al 2013 , detrás del trágico 2014. Algo pasó. Algo pasa.

El 11 de diciembre asumió Omar Perotti. Su discurso de asunción fue precedido por una ruptura de las relaciones con el gobierno saliente de Miguel Lifschitz. La ruptura fue total por parte del rafaelino. El argumento fue la sanción del presupuesto 2020. Perotti ordenó el levantamiento de las escasas reuniones de transición que se llevaban adelante. Su enojo es un asunto de interpretaciones. Más si se tiene en cuenta que la Legislatura se encargó de modificar la ley, a pedido de los legisladores oficialistas.

Pero nada era excusa para romper el diálogo y la continuidad institucional. La decisión obturó la transición: No se habló de lo elemental. No se hizo el traspaso de información. No se establecieron parámetros mínimos de continuidad (aunque sea momentánea) de las políticas que se estaban llevando adelante. No hubo trabajo conjunto en nada. En ninguna de las áreas centrales hubo reuniones técnicas. El Gobierno entrante esperó la llegada del día y recogió las llaves en mano. El momento del traspaso fue otro desgaste de tiempo y energías: el discurso inaugural del mandatario agravó todo: dijo que se acababa una etapa de complicidad entre «el delito y el Estado» (sic). Habló de complicidad y jamás ofreció un sólo dato que corroborara eso. Las relaciones rotas se rompieron más. Todo innecesario y evidentemente perjudicial, con un agregado fundamental: Miguel Lifschitz y los 28 diputados del Frente Progresista serán mayoría en la Cámara baja durante los cuatro años. Perotti los necesitará.

El ministro Saín

La asunción del ministro de Seguridad, Marcelo Sain, trajo vientos más huracanados. Venía de ocupar un cargo en el Poder Judicial. Al mismo había accedido luego de ser asesor del Ministro de Seguridad saliente, Maximiliano Pullaro. No sólo se olvidó de eso, sino que apuntó todos los fusiles a la cabeza del ex ministro y de los jefes policiales que estaban a cargo de las Unidades Regionales. Generalizó una acusación contra los jefes, adujo falta de investigación interna dentro de la policía, anunció un Observatorio y verbalizó descalificaciones sobre la formación de la policía en general. Unos días más tarde, hizo público un mensaje de Whatshapp dirigido al Jefe de la Unidad Regional II porque «habían abandonado las guardias de los edificios públicos». El mensaje precedió a la destitución del Jefe. El nombrado duró 26 días. Ahí fue el Jefe de la Policía, Víctor Sarnaglia, el que se encargó de decir que la remoción era causada por la «falta de resultados operativos». Y desdijo al Ministro: «Si tenemos tantos autos apostados en los edificios públicos, no tenemos para patrullar». No hay peor declaración que esa: las reglas del sentido común indican que no se puede advertirle a la población que no hay patrullaje. Lo hicieron. ¿Para quién era el mensaje? ¿A quién le sirvió? Lo cierto es que nada es más tentador para el delito, sobre todo organizado, que la confesión de la inacción del Estado.

Sain pateó un hormiguero sin tener siquiera un tubo de repelente en la mano. Torpeza dicen algunos. Irresponsabilidad, dicen otros.
En cualquiera de los dos casos, su accionar perjudicó el clima con todo el cuerpo policial. Se puede purgar a la policía. Pero con ella. Sin ella, el Estado queda desguarnecido. Y eso pasa hoy.

Que en Rosario hay bandas narcos es tan cierto como que la mayoría de ellas «sufrió» el descabezamiento. Ahora es el propio Saín el que lo termina reconociendo porque le demandan a que las desarticule. Están desarticuladas. La discusión, claramente, es entre los herederos. Aunque Cantero siga dando órdenes desde la cárcel. El Gobierno Nacional está desconcertado: «Tenemos muchos agentes federales en Santa Fe. Estaban trabajando bien y coordinadamente». Dicen desde el despacho de Sabina Frederic. Claramente la mayoría del personal policial santafesino está enojado con el Ministro. Su conducción de la fuerza se volvió una quimera. Es difícil conducir a quienes no lo respetan. O peor: a quién consideran que los humilló.

Rosario tiene un jefe policial provisorio. Los policías dicen que no reciben lo elemental para funcionar. Nadie entiende la razón de la falta de recursos para seguridad. En la provincia hay dinero. El último informe público de fondos acusaba 12 mil millones en caja. Y todavía faltaban los 5 mil de la EPE, que no está pagando su deuda con Cammesa.

El oficialismo insiste con que salga una ley de «Necesidad». La ley incluye superpoderes para que el Gobernador, rompa los contratos vigentes de obra pública. La oposición no quiere dejar en sus manos decisiones discrecionales. Perotti ya privatizó el Banco Provincial en 1995. Sus antecedentes no lo favorecen. Sus compromisos con quienes le financiaron la campaña tampoco.

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