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Locales

Un reclamo que llegó tarde

Publicado el

Concejo municipal de rafaela
Archivo Castellanos

Aunque en general no hubo comentarios de los ediles sobre el reclamo de los vecinos autoconvocados, el planteo –independientemente de la validez de los argumentos planteados- será de imposible respuesta positiva. Suceden algunas cuestiones que no pueden dejar de subrayarse, incluso para conocimiento de los mismos vecinos para el caso de que se presenten otros problemas similares.
El punto principal es la extemporaneidad del reclamo. La instancia legalmente habilitada para cuestionar una obra es el Registro de Oposición, que tiene un período determinado de apertura y cierre, lapso en el cual los vecinos deben dejar constancia de su negativa a aceptar la obra, teniendo conocimiento del monto que van a pagar de cuotas, por la distribución de las facturas proforma. En este caso no se cumplió ni cerca el requisito de cumplir con el mínimo de un 40% del total de los inmuebles empadronados que dejaran sentado el rechazo. Como en el resto de las obras públicas de la ciudad, el Estado municipal considera que quienes no firman el Registro de Oposición tácitamente están aprobando la obra.
Se aduce que para firmar el Registro se pedían determinados documentos y requisitos –incluida la presencia personal del propietario del inmueble- y que esto impidió la adhesión de un número importante. Si los requisitos para el Registro de Oposición fueron los mismos que para el resto de las obras públicas que se pagan por contribución por mejoras, no hay posibilidad de atender el reclamo.
Pero si las condiciones hubieran variado, llama la atención que los autoconvocados no se hubieran expresado antes, en los distintos actos públicos en que se anunció cada paso de los que se daban para concretar el proyecto–hubo una reunión con representantes de ASSA y vecinos en la que se anunció la obra; se realizó otra reunión pública en la que se informó el mecanismo de ahorro previo previsto para la obra; se concretó luego otro acto público para una apertura oficial de licitación, y finalmente hubo otro acto en el que se anunció la adjudicación y comienzo de la obra-, con la presencia de representantes de las comisiones vecinales. Entre ellos hay dirigentes que trabajaron incluso con partidos de la oposición durante los procesos electorales de este año.
Tampoco se puede olvidar que del total de los montos puestos al cobro durante los diez meses previos a que se hiciera el primer trabajo en la vía pública, se recaudaron 8 de cada 10 pesos, es decir, el 80% que se había acordado. Significa que la gran mayoría de los vecinos comprendió los alcances de la obra, la razonabilidad del proyecto, y aceptó las condiciones.
Sin embargo, por encima de todas estas consideraciones, que son cuestiones opinables en todo caso, lo más importante es que el Estado municipal firmó un contrato con una empresa privada, que el contratista –la empresa Romano, de la ciudad de Sunchales- destinó personal, tiene máquinas y trabajadores empleados en la obra, y que cumplió con los requisitos para ejecutarla. Dar marcha atrás a ese proceso implicaría un daño enorme imposible de afrontar para el Municipio. Y los vecinos se quedarían sin cloacas y sin pavimento.
Un punto que no se puede desconocer tampoco es que uno de los cuestionamientos está dirigido a si era necesario o no concretar la obra de repavimentación. Las calles en los dos barrios son más angostas que las calles comunes y no tienen cordón cuneta. Muchas están ejecutadas en concreto asfáltico y en el casco histórico hay sectores donde ya cumplieron largamente su vida útil. El paso de maquinarias pesadas y el paso de la obra en sí, según explicó el Ejecutivo Municipal, provocará daños en el pavimento que obligarán a reponerlo. Es uno de los puntos más discutibles de todo el proyecto. Pero está claro que debió plantearse antes y de hecho se planteó, resolviéndose que la obra debía ejecutarse como finalmente se la puso en marcha.

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