En este día se conocieron las palabras pronunciadas por el Dr Alberto Solanet, Presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, homenajeando al Juez Federal Dr. Jorge Quiroga, a 50 años de su asesinato.

Nos reunimos hoy frente al edificio que albergó a la Cámara Federal en lo Penal que en los años setenta fue creada para juzgar los casos de terrorismo en todo el territorio nacional. Sus integrantes, entre los que se encontraba el Juez Jorge Quiroga, a quien hoy honramos, fueron exponentes de una justicia que, salvo excepciones, ya no existe en la Argentina.

En el vestíbulo de este edificio, hace años, en oportunidad de un homenaje al Dr. Quiroga se colocó una placa conmemorativa y en un episodio, elocuente de la perduración del odio entre los argentinos, el entonces Presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sometido a la solicitud de la dirigencia del Sindicato de Judiciales, ordenó el retiro de la placa recordatoria de quien fuera mártir de la justicia y la mandó arrumbar en un depósito penitenciario.

Indignados por semejante afrenta nuestra Asociación elevó una nota dirigida al entonces Presidente de la Corte Suprema Dr. Lorenzetti, manifestándole que con la quita de la placa que recordaba el asesinato de tan digno magistrado, cuya falta fue cumplir con su deber, se daba cumplimiento a esa “política de Estado” consistente en “reactivar el pasado”, esto es, el odio que al juez Quiroga le costó la vida. Resulta desgraciado, le señalábamos, que una “política” semejante pueda alentarse y sostenerse desde una instancia suprema de justicia. El Dr. Lorenzetti se ufanaba en proclamar que la ideología de los derechos humanos era una política de estado.

Con ese protagonismo de la Corte se tapió la vía hacia la paz interior y se desenterró el hacha de guerra en expedientes judiciales en el ámbito de la Justicia Federal, originándose una feroz persecución hacia quienes combatieron al terrorismo marxista en la guerra de los 70. La Cámara Federal en lo Penal actuó con toda eficacia, procesó y envió a la cárcel a casi toda la cúpula de la guerrilla marxista, en el marco del más riguroso respeto a las garantías individuales y normas del debido proceso, sin que en su breve actuación se haya registrado un solo desaparecido. Sus componentes fueron jueces sin tacha, con el coraje y la prudencia necesarios para llevar adelante la tarea en medio del asedio del más tenebroso terrorismo.

El gobierno títere de Cámpora lo primero que impulsó fue el cierre de la Cámara, a la que despectivamente llamaban “el Camarón”, e inmediatamente, una amnistía indiscriminada, votada en el Congreso por aclamación, que convirtió a la dirigencia política que lo integraba, en cómplices de semejante extravío. Los guerrilleros volvieron a empuñar las armas y sumieron al país en un baño de sangre. Los integrantes de la Cámara fueron blanco de la venganza de esa caterva de asesinos, algunos se salvaron milagrosamente, otros tuvieron que irse del país con sus familias y Quiroga fue alevosamente acribillado a balazos. Sus asesinos, Raúl Argemi y Marino Amador fueron a la cárcel y luego liberados. Por haber estado presos, estos miserables, recibieron indemnizaciones por U$ 209.409 y U$ 160.485 respectivamente. Uno de ellos parece que vive en Barcelona.

Nuestro país abrumado por el relato de la izquierda vernácula y del mundo, no ha rendido el debido homenaje a los Señores Jueces que integraron la Cámara Federal en lo Penal. Fue, quizá, la última expresión de la justicia verdadera, en circunstancias muy difíciles en las que juzgar conforme a derecho exigía convicciones firmes, patriotismo y coraje sin par, los jueces y todos sus funcionarios, sabían que en ello ponían en juego su vida y la de su familia. Indudablemente fueron modelo de lo que debieran ser los jueces de hoy y de siempre. La Argentina tiene para con ellos una enorme deuda de gratitud.

Luego de esa ominosa e irresponsable suelta de los guerrilleros, la Nación cayó en una profunda y caótica crisis caracterizada por la degradación, el vacío de poder, la corrupción y una guerra desatada, provocada por un terrorismo apabullante. La incapacidad política, la falta de coraje, tanto del gobierno como de la dirigencia de entonces, que no supo estar a la altura de las circunstancias, determinó como último remedio que las fuerzas armadas asumieran el poder. Pocos hechos políticos en la historia argentina fueron tan previsibles, esperados y hasta impulsados por la gran mayoría de la sociedad, como aquél golpe militar.

La guerra de los setenta fue una guerra cruel, extremadamente cruel. Por un lado, miles de guerrilleros, adiestrados en Cuba, Angola y otras partes, la iniciaron y desarrollaron con asesinatos incalificables (el juez Quiroga, Rucci, Sacheri, Genta, Soldati, Mor Roig etc.), secuestros seguidos de muerte (Aramburu, Ibarzábal, Larrabure, Salustro, etc.), asaltos a cuarteles, bancos, extorsiones, bombas y otros hechos vandálicos hasta sumar un total de 20.642 entre los años 1969 y 1979. Su objetivo proclamado era alcanzar el poder para convertir a nuestra República en un estado totalitario marxista.

Estas acciones no distinguieron gobiernos de facto o constitucionales. Las Fuerzas Armadas ejecutaron la orden de aniquilar el operativo terrorista, y, no sin haber cometido, en el fragor del combate, en algunos casos, extralimitaciones inadmisibles, aplastaron finalmente el poder militar de los terroristas, para bien de la patria. Desde entonces, aquí y en el mundo, fue instalada la mentira, con el concurso de medios ideologizados, ONG’s internacionales cooptadas por la izquierda y sembradoras de venganza y odio, gobiernos corruptos, dirigencia política ideologizada y en parte temerosa, jueces prevaricadores y protervos y un largo etcétera.

Si de verdad y justicia se trata, podemos verificar que la brutal falsificación de la verdadera historia comenzó cuando Néstor Kirchner, un presidente que, en razón de la debilidad extrema con que inició su mandato, cimentada en poco más del 20% de los votos, hizo alianza con Horacio Verbitsky, un oscuro personaje de origen montonero, que se convirtió en uno de los ideólogos más influyentes del matrimonio Kirchner. Con él celebró un pacto espurio destinado a la colonización ideológica y material del Poder Judicial. En pleno gobierno democrático, con la necesaria anuencia del Congreso y de muchos jueces, comenzando por la nueva mayoría de la Corte Suprema, se demolieron sistemáticamente los principios más básicos del derecho, apartándose groseramente del orden constitucional, para posibilitar la reapertura de las causas judiciales que habían fenecido quince años antes, por virtud de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, verdaderas amnistías, que fueron luego acompañadas por los indultos presidenciales.

La ley de “Punto Final”, fue declarada inconstitucional por la nueva mayoría de la Corte Suprema, eso sí, únicamente para los delitos imputados a quienes defendieron al estado, mediante sentencias que además de violar el principio de legalidad, dejaron sin efecto fallos firmes del Alto Tribunal afectando además la cosa juzgada y con ello la seguridad jurídica. Se produjo entonces la más brutal ruptura del orden jurídico, desatándose una persecución implacable, vengativa y discriminatoria contra integrantes de la fuerzas armadas y de seguridad y también civiles y religiosos, acusados de delitos de “lesa humanidad”. Jueces, por miedo o fuertemente ideologizados, en todo caso, todos corruptos, se pusieron al servicio de la denominada “política de derechos humanos” y mediante procesos viciados, violatorios de todas las garantías constitucionales, mantienen aún en las cárceles a cientos de presos, casi todos sin condena, cuyo promedio de edad supera los 75 años, soportando ilegales y prolongadísimas prisiones preventivas, algunos con más de 16 años en esa situación. En realidad están condenados

a muerte, una muerte lenta. Ya han muerto 835 en cautiverio, de ellos 529 sin condena, es decir inocentes. Hay decenas de ancianos con gravísimas dolencias, que esperan la muerte en medio del silencio cómplice de una sociedad que ha optado por olvidarlos después de haber clamado por su intervención, cuando el terrorismo asolaba la República. Ese gigantesco prevaricato que provocó la demolición del derecho, es origen de la tragedia que hoy padece la Argentina, en especial la Justicia.Caso tal vez paradigmático es el del Dr. Jaime Smart, un Magistrado intachable, que acumula seis cadenas perpetuas, víctima de Jueces perversos, conscientes de su condición de serviles a la ideología, al odio y la venganza. Semejante ignominia debiera llenar de vergüenza a los argentinos.

Miembros de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales firmaron un documento en el año 2015, que, entre otros conceptos afirmaban que “En la última década se ha hecho una seria discriminación en detrimento de los hombres que llevaron a cabo la represión contra el terrorismo, quienes, aunque incurrieron en excesos y extralimitaciones inadmisibles, recibieron en todos los casos penas gravísimas. Mientras que a los responsables directos o indirectos del terrorismo se los ha colmado de honores; y en muchos casos se los ha premiado con cargos públicos e indemnizaciones. Esta asimetría hiere la conciencia y reclama urgente reparación. De lo contrario lejos de hacerse justicia se habrá incurrido en una grave arbitrariedad”.

Resulta imposible superar los enfrentamientos que nos dividen históricamente como sociedad, si no ponemos fin a la iniquidad que representan los juicios de lesa humanidad con sus escandalosas discriminaciones.

El aludido pacto, celebrado en las sombras hace 20 años, entre Néstor Kirchner y Horacio Verbitsky, origen de la escabrosa estrategia de dominación del Poder Judicial argentino en provecho de intereses espurios, que tanto daño hace a la República, tuvo, entre otros, dos objetivos, por un lado, el de su colonización para ponerlo al servicio de un proyecto ideológico totalitario y de persecución a opositores, y por el otro para ser utilizado como herramienta que garantizara la impunidad por el enriquecimiento ilícito producto de la brutal corrupción de funcionarios y personas cercanas al poder.

Entendemos que conocer cómo y cuándo comenzó y cuáles son los pasos que le siguen, resulta indispensable si queremos evitar que el alevoso objetivo se cumpla para ruina de nuestra Nación. De aquellos polvos, estos lodos.

Llegó la hora de un cambio al que la Argentina profunda aspira, para que desaparezca la vieja política, y reaparezcan los principios permanentes de la patria, la justicia verdadera, premisa indispensable para conseguir la concordia política y la paz social. Caso contrario el derrumbe será inexorable. Sanear la economía de nuestro país en ruinas es indispensable, pero no será posible sin el saneamiento de la justicia. Administrar justicia es función esencial del Estado. Un país no puede existir sin un órgano imparcial que proteja los derechos, resuelva las disputas e imponga las sanciones.

El nuevo gobierno por mucho que quiera enderezar la economía, debe tomar conciencia que el cáncer que corroe a la República es moral y como queda dicho, anida principalmente en el Poder Judicial. Tiene el gobierno la obligación de apuntar, sin vacilaciones, a sanear la Justicia, empezando por designar en la Corte Suprema, jueces íntegros, irreprochables, que no existan dudas sobre su honorabilidad, condiciones que no registra de ningún modo el Dr. Lijo, como es de público y notorio. Vaya un reconocimiento al Ministro de Justicia que acaba de suspender los pagos de indemnizaciones a los que fungen como víctimas, la colosal cantera del curro de los derechos humanos. Como ha dicho la Vicepresidente “el curro de los derechos humanos ha servido a los fines políticos de un sector que siempre ha combatido al país y sus instituciones”, y días atrás se refirió a “las señoras de los pañuelos blancos” que se enriquecieron los bolsillos con una tragedia. Bien por Victoria. También el Ministro de Defensa la emprendió contra los Fiscales militantes y corruptos con la decisión de terminar con la investigación de hechos ocurridos hace medio siglo. Estas medidas, ojala sean señales enderezadas a desactivar ese tenebroso entramado, creado para que perdure en el tiempo y para siempre, la persecución vengativa hacia quienes derrotaron al terrorismo marxista en la guerra de los setenta.

El testimonio del Dr. Quiroga nos interpela. La sociedad argentina debe reaccionar con fortaleza, no es hora de medias tintas, debemos aspirar a un gobierno ordenado decididamente para proveer el bien común y consolidar la paz interior en nuestra patria. ¡Qué Dios nos ayude!